“Vamos a responder. Particularmente nos pidieron las tasaciones, que es justamente el proceso que orienta la Contraloría, y, por tanto, los vamos a poner a disposición para mostrar que este procedimiento ha sido todo con el cumplimiento de la normativa, con probidad. Todas las personas que han visto propiedades saben que el avalúo fiscal no es lo mismo que el precio de venta. Eso siempre ha sido así”.
Esa fue parte de la respuesta de la alcaldesa Irací Hassler tras el oficio que envió la Contraloría General de la República tras una serie de denuncias que han cuestionado la compra de la Clínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago. El proyecto ha sido cuestionado por agrupaciones de vecinos, expertos en la materia y figuras políticas por un eventual sobreprecio que se habría concretado con la adquisición del inmueble vía trato directo en 8.200 millones de pesos.
Las dudas respecto a una eventual negociación anterior a la ratificación en Bienes Raíces de la Sociedad San Valentino (Esimco) como dueño del recinto han despertado un accionar de denuncias en contra de la administración de Hassler. Uno de ellos fue Diego Berríos, quien ofreció un inmueble en calle Carmen, según pudo confirmar EL DÍNAMO, por un precio de $3 mil millones.
Pero no es lo único. En el concejo municipal de este miércoles 25 de enero se exigió la anulación de esta compra porque la oferta fue realizada antes de la aprobación del concejo. Si bien la jefa comunal argumentó que el valor y el proyecto fue aprobado por el grupo de ediles, tres de ellos argumentan lo contrario. Se trata de Santiago Mekis, Juan Mena y Rosario Carvajal, quienes pidieron las escrituras de compra, las que se solicitaron por la Ley de Transparencia.
“Habían dos oferentes más. Una en Santa Rosa, de la que no conocemos el propietario, y otra del abogado Berríos, quien ya puso una denuncia en Contraloría. Acá hay negligencia o abandono de deberes por no asesorarse. Como no hubo licitación hay muchas sospechas. Se especula de fraude inmobiliario o de algún negocio que aún no se conoce. Esto tendrá que decidirlo la Contraloría tras la investigaciones que se desarrollen. Los perjudicados somos los vecinos de Santiago, nos encantaría tener más clínicas y servicios, pero lo que se cuestiona es el proceso”, afirma Giselle Dussaubat de la fundación Santiago Se Levanta, una de las organizaciones que destapó el problema.
Zona de conservación histórica
Otro de los puntos que cuestiona los $8.200 millones que se desembolsará con recursos públicos por la Clínica Sierra Bella es la zonificación. Los denunciantes aseguran que no se tomó en cuenta este aspecto y se han apoyado en peritos y especialistas en inmuebles para indicar que este reducto está en una zona de conservación histórica, por lo que el valor debería ser menor.
“La clínica está en una zonificación particular, deslinda con un inmueble de conservación histórica, que es un liceo, y por lo tanto, no se puede construir más pisos que el liceo. Eso debió estar incluido como criterio de las tasaciones”, ha asegurado el tasador de la Corte Suprema y del MOP, Demetrio Olas.
“Me llama la atención lo parecidas que son. Y que las tres usaron la misma metodología que es comparar el mercado de suelo, que es correcto, pero desvirtúa el resultado porque debiera haberse comparado el potencial uso del terreno”, agregó el mismo especialista en La Segunda.
Miles de millones para la implementación de la clínica
Uno de los puntos que no se había tratado hasta ahora es el gasto que deberá realizar el municipio para implementar la clínica. “Sería bueno que Irací Hassler explicase cómo va a financiar la operación e incluso cómo se va a contratar al personal. La atención terciaria no está en la atención primaria de salud. Todo es muy raro e impreciso”, expone el ex ministro de salud y ex concejal de Santiago, Pedro García.
Se estima que podrían ser $4.000 o $5.000 millones los que se necesitan para habilitar el funcionamiento de este centro en caso de que el órgano contralor dé el visto bueno.
“En el consejo del 20 de enero se presentó una clínica que está lista y habilitada. Pero a lo que se refieren es que tienen los permisos y patentes. Y eso es obvio porque antes era una clínica. Pero actualmente es un edificio vacío que necesita ser refaccionado y dejarlo impecable para los vecinos costaría unos mil millones creemos. Así, el gasto sube y es abismante el precio que finalmente se pagaría. Por eso debería ser licitado, todo sale de los impuestos de los chilenos y los santiaguinos. Esto fue un tema político, porque el deterioro de la comuna le ha perjudicado. Esto fue buscando mejorar en las encuestas.”, expresa Dussaubat, quien representa a 26 barrios, donde aparecen Meiggs, Barrio Brasil, entre otros de reconocida importancia comunal.
Así las cosas, la polémica sigue instalada a la espera de la resolución de la Contraloría. De ratificarse, podrían llegar a ser unos $15 mil millones los que se deberían desembolsar entre la compra del inmueble, las refacciones y el gasto para habilitarla.
