La denominada Ley corta de las Isapres que fue ingresada al Senado bajo el concepto de urgencia simple, es una de las nuevas iniciativas donde el Gobierno se juega gran parte de su credibilidad y su gestión.
En medio de una crisis económica y después del fallo de la Corte Suprema, las aseguradoras deben devolver a sus afiliados los cobros en excesos realizados por la adecuación a una tabla única de factores.
Son 725.878 los contratos que son parte del plan de reintegro donde se deben aplicar la tabla de factores de 2019 que entró en vigencia el año 2020. En total, son más de 1.400 millones de dólares los que deben ser repuestos en las cuentas de los usuarios en un plazo que ahora se extendió a seis meses.
Esta moción legislativa fue catalogada de “engaño” por la Asociación de Isapres, versión que las tiene enfrentadas con el Ejecutivo, donde defienden su iniciativa en el parlamento y aseguran que las reales culpables del crítico momento económico son ellas mismas.
“El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos. La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse”, son parte de los descargos.
Pero no son las únicas que cuestionan la ley corta. En una señal que puede decidir el futuro de la votación en la Cámara Alta, el presidente de esta instancia no la considera buena.
Presidente del Senado cuestiona la ley corta
Sobre esto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, aseguró mirar “con mucha precaución” la Ley corta de las Isapres ingresadas por el Gobierno.
“Yo miro con mucha preocupación el tema del ingreso de la ley corta… No flota, no reúne ninguna característica para resolver un problema bien dramático. El problema tiene varias aristas, primero la posibilidad de que quiebren las isapres y que más de 3 millones de personas no tengan opción de tener, a través de seguro, una atención de salud y que presionen por tanto el sistema público”.
“Los prestadores privados que son claves para poder también atender gente de Fonasa, en esta instancia se sienten más desprovistos y empiezan a terminar con los convenios con esas isapres, lo que puede pegar más fuerte en la calidad y acceso a la salud durante los próximos meses”, agregó.
“Tal como viene el proyecto en los mismos términos, yo tengo la impresión de que aquí parece que hay algunos que en el alma más quieren terminar con las isapres que mejorarlas. Eso a mí me preocupa profundamente, porque creo que si hay algo que hemos aprendido, es que las formas estructurales de resolver los problemas no es por esa vía”, complementó el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en entrevista con Canal 13.
