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Las cuatro críticas de la Asociación de Isapres a la ley corta que impulsa el Gobierno

La Asociación de Isapres apunta a que la iniciativa del Ejecutivo “es un un engaño” y espera que el Congreso evite una “mayor emergencia sanitaria”.

A menos de un mes de que expire el plazo impuesto por la Corte Suprema a las isapres para devolver los cobros en excesos realizados a sus afiliados por la adecuación a una tabla única de factores, el Gobierno de Gabriel Boric presentó en el parlamento una ley corta que pretende cumplir con esta orden del máximo tribunal y evitar una catástrofe en los sistema de salud.

Después de este trámite, donde el Gobierno y la Superintendencia de Salud evalúan pedir una prórroga, la Asociación de Isapres finalmente entregó sus impresiones frente a un problema que, advierten, podría terminar con el sistema de salud privado.

Todos los planes de salud y complementarios deben aplicar la tabla de factores de 2019 que entró en vigencia el año 2020. Se calcula que 600 mil contratos no fueron actualizados, por lo que esos afiliados recibirán una devolución en excedentes u otras prestaciones. Son, al menos, 1.400 millones de dólares.

Según el Gobierno, esta normativa no pone en peligro al sistema de salud privado a pesar de las crisis económica que la Asociación de Isapres ha informado desde hace meses.

Las críticas de las isapres a la ley corta

Durante la jornada de este jueves, la Asociación de Isapres emitió una declaración pública donde manifestaron sus críticas contra la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.

  • La Corte Suprema mandató un ordenamiento. El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos.
  • La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión.
  • La iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas.
  • Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud.

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