La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades durante la campaña de la ex alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, entre las que destaca el uso reiterado de su imagen en las redes sociales municipales.
Según el informe del organismo, dado a conocer por La Tercera, “se constató el uso de plataformas institucionales, como las redes sociales de la municipalidad y la CMDS, para difundir contenido que promovía implícita y explícitamente la imagen de la entonces alcaldesa Emilia Ríos, lo que constituye una falta grave al principio de probidad administrativa”, en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024.
Contraloría indicó que, por ejemplo, se compartían numerosas publicaciones que se centraban en las actividades de la ex alcaldesa, lo que podría ser calificado como “el eventual uso de los logros de la gestión municipal en la campaña electoral”.
u0022Implica una vulneración a las normas referidas al empleo de recursos municipales, en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales (…) las situaciones indicadas muestran el uso reiterado de la imagen de la alcaldesa en el período de campaña y en el período anterior al receso”, detalló la institución.
Junto con ello, encontró el pago de horas extraordinarias a funcionarios sin registro de asistencia, las que en algunos casos superaron las 12 horas, el uso indebido de vehículos municipales y documentación faltante por $6 mil millones.
Ante este informe, el alcalde Sebastián Sichel anunció la presentación de una querella y recalcó que “se ratifica lo que dijimos: hay un desorden administrativo, hay uso de las instituciones con fines políticos para beneficiar particularmente a un sector político, el Frente Amplio y la administración anterior”.
En esta línea, el jefe comunal precisó que ya se tomaron medidas en el municipio de Ñuñoa, entre las que destaca la desvinculación de trabajadores que “no prestaban servicios y estaban dedicados a la política”.
Sichel precisó que las siguientes acciones serán “presentar querellas penales, perseguir las responsabilidades individuales y colectivas a través de sumarios, y garantizar que los recursos municipales lleguen a las personas y no sean usados para beneficiar a un sector político determinado”.
