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Presupuesto 2013: El respiro del Museo de La Memoria y del Consejo Para la Transparencia Presupuesto 2013: El respiro del Museo de La Memoria y del Consejo Para la Transparencia

Después de haber protagonizado importantes discordias con el Gobierno en 2012, ambas instituciones pasaron con éxito la primera barrera para asegurar su financiamiento estatal el próximo año.

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Presupuesto 2013: El respiro del Museo de La Memoria y del Consejo Para la Transparencia

Por Cindy Rivera 8 de Octubre de 2012

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Consejo Para la Transparencia (CPLT) experimentaron un complejo año 2012 en su relación con el Gobierno, razón por la cual las semanas previas a que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) les comunicara cuál sería su financiamiento propuesto para 2013 no estuvieron exentos de tensión e incertidumbre.

Sin embargo, poco antes de que se enviara la Ley de Presupuesto 2013 al Congreso, a fines de septiembre, ambas instituciones recibieron buenas señales de la DIPRES y lograron respirar tranquilas.

En la propuesta enviada al Parlamento, el Museo de la Memoria mantiene un presupuesto de continuidad de $1.490.342 millones (este año fue de $1.448.340) y el Consejo para la Transparencia experimenta, incluso, una considerable alza, que eleva los $ 3.496.019 millones que recibió en 2012 a $4.452.621 millones para el próximo año.

Este último incremento ocurre en un año particularmente complejo en las relaciones entre el Consejo y el Gobierno, a raíz del debate sobre la privacidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos.

Cristián Larroulet, titular de la Segpres, y Alejandro Ferreiro, presidente del CPLT

/ Agencia Uno

Tanto el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, como el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, han sido conminados, vía Ley de Transparencia primero, y a través de los fallos del CPLT después, a divulgar su correspondencia electrónica, pero las autoridades han desconocido sistemáticamente las decisiones del Consejo, acudiendo al Tribunal Constitucional.

Este órgano, en el caso de los correos de Ubilla, terminó respaldando la posición del subsecretario, al establecer que en Chile los correos electrónicos de los funcionarios públicos son comunicaciones privadas, y en el caso de Larroulet se espera una decisión similar.

Pese a todo, el consejo encargado de promover y cooperar en la construcción de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública de las personas, logró un quiebre en la asignación histórica de su presupuesto anual.

El CPLT, que desde que comenzó a operar ha resuelto unos 4 mil casos, siempre ha estado sometido al estrés presupuestario, factor que según ha señalado su presidente Alejandro Ferreiro ha dificultado difundir su función y la cultura de la transparencia como se pensó en un comienzo.

En efecto, el órgano, en su primer año de funcionamiento (2009), partió con un financiamiento de $1.800 millones, suma muy inferior a los $3.000 millones que había comprometido el ministro secretario general de la Presidencia de la época, José Antonio Viera Gallo, y que sólo se consiguieron en el presupuesto de 2011.

Ello, sin contar la compleja situación a la que está sometida el Consejo, toda vez que se trata de un órgano de control cuyo financiamiento depende de las decisiones del Gobierno, una de las partes controladas. “Ahí hay un conflicto de interés estructural, quizás inescapable y generalizado”, señaló hace un tiempo Ferreiro a este medio.

De todos modos, el salto de los $ 3.496.019 millones que recibió en 2012 a los $4.452.621 millones que recibirá el próximo año, tampoco es milagroso ni gratuito, pues el incremento estará destinado en buena medida a un proyecto estrella impulsado por la Segpres y que será liderado por el CPLT.

Se trata del Portal de Transparencia del Estado, una iniciativa que aspira a convertirse en la puerta de entrada de todas las solicitudes de acceso a información pública que recibe la Administración Central del Estado (el Gobierno), municipios y todos los organismos regulados por la Ley de Transparencia 20.285, de manera que la ciudadanía tenga el manejo de todas sus solicitudes de acceso a información y sus respuestas, en un mismo espacio digital.

El museo de la memoria incómoda

El Museo de la Memoria es otra de las instituciones que recibe financiamiento estatal y que durante 2012 protagonizó roces con el gobierno, luego de que en junio recibiera un sorpresivo ataque de parte de Magdalena Krebs, cabeza de la Dirección de Bibliotecas y Archivos Nacionales (DIBAM).

El organismo gubernamental depende del Ministerio de Educación y es el que canaliza el financiamiento público que recibe el museo cada año, a través de la firma de un convenio que debe ser visado por la Contraloría y que lo mandata para entregarle los recursos en tres cuotas, contra una rendición de cuentas mensual.

En una carta enviada a El Mercurio Krebs puso en duda la función pedagógica del museo y criticó una supuesta falta de contexto histórico de la muestra, que recuerda las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado entre 1973 y 1990, con el propósito de dignificar a las víctimas y a sus familias, y estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia.

Sus opiniones sacaron chispas en el debate público y pusieron en evidencia la íntima y compleja relación de Krebs (cuya familia se autoexilió en Alemania con la llegada de Allende al poder), con un museo que Michelle Bachelet, su impulsora, tuvo que dejar en manos del gobierno de Piñera al poco tiempo de inaugurado, en enero de 2010.

Krebs ya habría intentado infructuosamente, el año pasado, que la DIPRES disminuyera en un 30% los recursos que debía recibir el museo para su operación en 2012, idea que fue frustrada tempranamente gracias a la intervención de algunos ministros de La Moneda, entre ellos Andrés Chadwick. La muestra recibió, finalmente, $1.448.340 millones.

A fines de junio de este año, cuando todavía estaba encendido el debate en torno a los dichos de Krebs, el museo mandó un proyecto de presupuesto de continuidad a la DIBAM, con un plan de inversiones adicional, de cuatro años, por unos $200 millones, para mejorar los espacios expositivos.

“Lo que viene en el proyecto son $1.490.342 millones. Con ello, el Gobierno nos ratifica el presupuesto de continuidad, aplicándole un leve reajuste, aunque no está claro que hayan apoyado nuestro plan de inversiones adicional, para el cual tendremos que buscar financiamiento por fuera“, dice el director del museo, Ricardo Brodsky.

Aun así estamos contentos. La propuesta nos garantiza seguir con nuestra programación y nuestro personal. Estamos respirando tranquilos”, comenta.

Hoy, el 90% del financiamiento del Museo de la Memoria es estatal. El 10% restante equivale a ingresos propios, que sus administradores esperan seguir aumentando con el tiempo, no descartándose en el futuro el cobro por la entrada, hoy liberada, aunque reservando la gratuidad para escolares y organizaciones sociales.

Brodsky asegura que las relaciones con la Dibam son normales y fluidas -“afortunadamente, no hubo consecuencias administrativas ni financieras”-, y que desde el punto de vista de la audiencia, éste ha sido un “muy buen año” para la muestra, que superará las 200 mil visitas a fin de año.

Sobre la existencia de un convenio mediante el cual la primera directora del museo, Romy Schmidt, se vio obligada a comprometer el autofinanciamiento de la instalación al cabo de algunos años de funcionamiento, Brodsky asegura que ello es imposible: “Esta iniciativa responde a un compromiso del Estado con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Es un acto de reparación, así que no creo que sea posible siquiera plantearse esa discusión”.

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