Datado del año 1954, en una sala de la Universidad de Chile, nace el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, con el objetivo de promover la investigación científica y la tecnología. A través del tiempo, se confirieron una personalidad jurídica, con el objetivo de velar por coordinar las actividades de las universidades, y así mismo mejorar el rendimiento y la calidad de la enseñanza universitaria. Años más tarde, el Ministerio de Educación es integrado en dicho Consejo, con la atribución de presidirlo. Es así como hoy sigue vigente una de las instituciones más influyentes y longevas relacionadas con la educación superior, con beneficios tanto económicos como institucionales, pero al mismo tiempo, quedan 859.000 estudiantes sin representación ni voz en temas de contingencia que afectan globalmente al sistema.
La cifra es realmente escandalosa, pero los números no mienten. La representación del CRUCH equivale solo a un 27% de las matrículas de estudiantes de pregrado de educación superior, y es quien posee la comunicación más directa y concreta con el Ministerio.
El CRUCH ha hecho valorables contribuciones a la educación superior, como el establecer la prueba de selección universitaria, o aportes a distintas leyes. Sin embargo, hoy en día han mostrado indicios de discriminación y arbitrariedad, además de la poca representatividad, que difuminan el norte por el cual los rectores se reunieron en primera instancia.
El año 2015 el CRUCH incluyó a dos Universidades que no cumplen con los requisitos planteados en la reforma de educación superior para ingresar al Consejo: La Universidad de O’Higgins y la Universidad de Aysén. Ninguna de las anteriores posee la acreditación y antigüedad exigidas actualmente para las otras instituciones reconocidas por el Estado, sin embargo, gozan de sentarse en la mesa junto a los otros rectores, y también de las gracias que esto conlleva. Acceso al fondo solidario, aportes fiscales y gratuidad, son tan solo algunas de las arbitrariedades que benefician a estas universidades, dejando de lado a aquellas que, a pesar de su reconocida calidad, trayectoria, investigación, etc., no poseen una carta de membresía. Es más, en la misma reforma, el Estado se compromete a contribuir a la excelencia en el desarrollo de dichas instituciones, con recursos públicos destinados en la ley de presupuesto.
Es así como la discriminación atraviesa las páginas de la reforma de educación superior, partiendo por el momento en que se prioriza el origen de una institución, más allá del desempeño que ésta tiene. Y solo se pone peor al recordar la cantidad de estudiantes que se ven directamente afectados por dicha decisión.
Por otro lado, en la misma reforma, se establece una serie de condiciones para ingresar al Consejo. Entre ellas podemos encontrar el estar sujeto al sistema único de admisión, la internacionalización, el trabajo en red, la adhesión a la gratuidad, etc., criterios que muchos de los integrantes actuales no cumplen. El hecho que solo la mitad de las instituciones pertenecientes poseen los años de acreditación exigidos, nos lleva a preguntarnos si lo que pesa realmente es la antigüedad, el administrador, o la calidad de educación que estas entregan. Más allá del año de creación, o de la naturaleza de esta, este debiese ser el pilar fundamental en que se sostenga la institucionalidad de un órgano asesor del Ministerio.
Creemos que se ha perdido el norte por el que nació el CRUCH en primer momento: una instancia en que las cabezas de las universidades se coordinaban y buscaban incidir en temas con el objetivo de perfeccionar todo el sistema, y no una pelea entre sólo algunos por quien saca el pedazo más grande de la torta. Más allá de los recursos, debiese primar la intención de promover políticas públicas adecuadas y avanzar hacia la educación del futuro, sin olvidar que no es el interés de las universidades el que se persigue, si no el de todos los estudiantes.
