La alternativa de La Moneda al Acuerdo de Escazú que duerme en el Congreso

El 10 agosto de este año será un día difícil de olvidar para un grupo de vecinos del sector Las Salinas en Viña del Mar, quienes buscan impedir desde hace 18 años la construcción de edificios en una zona que históricamente fue ocupada por empresas petroleras. Durante esa jornada vieron cómo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) autorizó un plan de saneamiento a petición del Grupo Angelini, el que tiene planificado un proyecto inmobiliario en esa apetecida zona.

Dos semanas más tarde la decisión fue revisada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ente administrado por el SEA cuyo objetivo es que los distintos proyectos cumplan con la legislación ambiental vigente y que un proyecto de ley ingresado al Congreso busca modernizar.

Durante la instancia, según relataron los vecinos de Las Salinas, el organismo explicó en qué consiste la técnica de biorremedación que la empresa privada busca aplicar en la zona. Sin embargo, una de las vecinas cercanas al terreno en cuestión, Ana Luz Sandoval,  denunció a EL DÍNAMO que “las intervenciones eran, más bien, como una defensa de la empresa. No parecía representante del SEA, sino de la empresa”.

Finalmente, la sesión transmitida por Zoom, que contó con la presencia del intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, miembros de la Seremi de Valparaíso y representantes del SEIA, aprobó el saneamiento del terreno Las Salinas. Pese a que según Sandoval, “todos los vecinos quedamos en shock, con una mezcla de rabia, pena, impunidad y desprecio por la vida humana ya que ahora seremos una nueva zona de sacrificio“.

Por su parte, desde el SEA explicaron a EL DÍNAMO que el proyecto en cuestión no ingresó a evaluación por el rubro inmobiliario, sino que “por tratarse de un proyecto de saneamiento del suelo y agua subterránea”. Además, aseguraron que “fue calificado ambientalmente favorable por la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 24”.

Ex ministro de Medio Ambiente alerta sobre “vacío legal”

Más allá de problema puntual de los vecinos de Las Salinas, el ex ministro de Medio Ambiente de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, quien ha sido uno de los defensores del Acuerdo de Escazú rechazado por el Gobierno esta semana, aseguró a EL DÍNAMO que el tratado internacional sería vital para evitar que se repitan situaciones como esta, donde los vecinos claman por ser escuchador. Sin embargo, destacó que no es la única alternativa.

De acuerdo a Mena, “se habla de que en Chile cumplimos con todas las propuestas de Escazú y resulta que no lo cumplimos porque mediante medidas de gestión -desde el SEA- se hace una interpretación antojadiza de la legislación actual para debilitar la participación ciudadana”.

El ex secretario de Estado se basa para su acusación en la Ley 20.417 que crea al SEA y que en su interior contendría un supuesto vacío legal.

La legislación en cuestión exige la participación ciudadana en todo proyecto que tenga una evaluación de impacto ambiental, es decir, grandes despliegues que impliquen sondajes y tronaduras, ambas acciones asociadas a la minería. Sin embargo, de acuerdo a Mena, “en proyectos de menor escala es facultad del Servicio de Evaluación Ambiental ver si se otorga la participación, a solicitud de la gente, y actualmente se hace sólo si hay una carga ambiental”.

“La carga ambiental tiene una definición bien extraña que causa todos los problemas. Principalmente porque se aplica cuando un proyecto tiene beneficios sociales con externalidades negativas. Entonces un proyecto que no tiene beneficios sociales, sino que sólo externalidades negativas, no tendría cargas ambientales, y por tanto, no requiere participación ciudadana (…) es una interpretación antojadiza de lo que son las cargas ambientales y viene desde la dirección del SEA”, afirmó Mena.

En esta línea, dio como ejemplo lo ocurrido con el proyecto minero Vizcachitas en Putaendo, Región de Valparaíso. En este lugar, de acuerdo al ex ministro de Medio Ambiente, “no hubo una participación ciudadana porque se estipulaba que no habían cargas ambientales. Entonces, luego, la Corte de Apelaciones rechazó el permiso otorgado por el SEA. Pero sólo porque la comunidad debió ir a los a tribunales, ya que el SEA los forzó a eso”.

La alternativa al Acuerdo de Escazú

Desde el SEA no se refirieron a las acusaciones del ex ministro. Sin embargo, desde el organismo aclararon que este “vacío legal” era el mismo cuando Marcelo Mena era autoridad.

También que en la Cámara de Diputados, y por encargo del presidente Sebastián Piñera, existe un proyecto de ley que se haría cargo de la problemática y que sería una alternativa al Acuerdo de Escazú, pero que no ha logrado ser aprobado. Además, un año antes La Moneda ingresó una medida similar, pero que fue retirada por el mandatario debido a su poco progreso.

En junio del 2019 el Ejecutivo ingresó una serie de nuevas modificaciones en la institucionalidad ambiental y al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que aborda el problema y que continúa en su primer trámite legislativo.

Un hecho que el mismo Marcelo Mena reconoció y dijo que “el problema no es sólo de este Gobierno porque tiene que ver con la ley. Pero también radica (el conflicto) en cómo el SEA interpreta nuestra legislación actual”.

“La reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental podría ser una alternativa -al Acuerdo de Escazú- porque recomendó que hubiera participación ciudadana en todos los proyectos que incluyan a la comunidad. Está en un proyecto ingresado por el Ejecutivo, entonces es absurdo que por un lado les interese generar participación ciudadana y, por otro, la nieguen en la actualidad. Deberían hacerlo en la práctica hoy y no esperar que haya una nueva ley cuando la actual se puede interpretar a favor de la gente”, afirmó el ex ministro de Medio Ambiente.