La Sala del Senado aprobó por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
“Como representantes del Estado de Chile, estamos muy contentas y muy contentos. Creemos que la adhesión del Acuerdo de Escazú es un hecho histórico. Es un hecho histórico porque Chile vuelve con fuerza al multilateralismo en tiempos que está puesto en duda la importancia del multilateralismo”, indicó la canciller Antonia Urrejola.
La ministra de Relaciones Exteriores precisó que “defender derechos es parte esencial de una democracia y este acuerdo lo que hace es profundizar la democracia, hacerla más inclusiva y también darle garantías a los defensores de derechos humanos en una democracia que todos queremos defender y hacerla más amplia”.
El Acuerdo de Escazú tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012 y es el primer instrumento internacional vinculante que considera los derechos humanos ambientales.
Dentro de sus objetivos está el garantizar el derecho a todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, poniendo el foco en el acceso a la información ambiental, así como promover la transparencia y participación pública en la toma de decisiones.
“En tiempos de guerra, de crisis climática, requerimos más que nunca del multilateralismo. Quiero insistir en que este es un acuerdo de cooperación entre Estados, un acuerdo de cooperación de solidaridad frente una grave crisis climática, ambiental y frente la grave situación de las defensoras y defensores de derechos humanos”, sostuvo la Secretaria de Estado.
El acuerdo busca, además, garantizar los derechos de los defensores ambientales y eleva los estándares en justicia ambiental, tema en el que Chile no tiene mayor institucionalidad.
Con la aprobación del Senado, dicho instrumento queda listo para ser depositado ante Naciones Unidas y luego de ello, bastarán 90 días para que entre en vigencia.
