Millonaria indemnización y disculpas públicas para ex directora del SernamEG por acoso laboral

Una millonaria indemnización y disculpas públicas recibirá la ex directora regional de Tarapacá del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Pamela Hernández, quien interpuso una demanda en contra del servicio por acoso laboral.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique acogió la denuncia y confirmó que el organismo, que precisamente busca eliminar la discriminación y violencia física, laboral y psicológica hacia las mujeres, vulneró los derechos fundamentales de Hernández, por lo que deberá pagarle $50 millones por daño moral, y más de un millón 900 mil pesos por 14 días de remuneraciones impagas.

En concreto, la resolución sostuvo que tras revisar los antecedentes presentados, se logró identificar que la ex directora del SernamEG fue víctima de “un tipo de acoso de carácter vertical, en el cual sus superiores jerárquicos, debilitan el poder de decisión y autonomía de la actora en el cumplimiento de sus funciones, haciéndola perder su liderazgo, a través de la denostación y malos tratos, actuaciones realizadas tanto en privado como en público, recriminándola y desestimando el trabajo realizado, sin apoyo ni feedback”.

La resolución ordenó que el servicio deberá ofrecer disculpas públicas a la trabajadora, la que deberá ser publicada en un periódico de circulación regional, mediante aviso, que deberá medir 5 x 10 centímetros, en un plazo no superior a 15 días.

La “ley del hielo”

Pamela Hernández obtuvo el cargo de directora regional del SernamEG en noviembre de 2017, a través del proceso de Concurso de Alta Dirección Pública realizado por el SernamEG.

En mayo de 2018, la autoridad hizo uso de licencia prenatal, reingresando a su trabajo en noviembre de 2019, momento en el que comenzaron a registrarse los conflictos.

Tras regresar a sus funciones, Hernández recibió la visita de la Directora Nacional de Servicio de ese momento, Viviana Paredes, quien le comunicó que el equipo regional debía estar tranquilo ya que no se efectuarían despidos ni desvinculaciones.

Sin embargo, algunos días después, se le ordenó notificarle a tres trabajadores que ya no se les renovaría el contrato. Todo esto habría causado molestia en la afectada, debido a que no participó ni se le consultó sobre la decisión. Ante esto, informó por teléfono al jefe de Gabinete y envió un correo electrónico a su jefatura, haciendo presente su malestar, pero nunca recibió respuesta.

Este tipo de situaciones se fueron repitiendo en eventos organizados por las autoridades, en las que se le ignoraba y no se reconocía su trabajo. Incluso, se le atribuían a otros sus logros o éxitos dentro de los programas, según lo relatado en el proceso judicial.

Según lo expuesto en el fallo, la ex directora regional del SernamEG sufrió “múltiples, sistemáticos y públicos actos de menoscabo laboral” por parte de la seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región, Milca Pardo.

La mujer afirma en su relato que no fue invitada a los desayunos y actividades convocadas por el Gobierno Regional, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y además fue eliminada de la Mesa de Trabajo Técnica de Mujer y Minería, liderada por el Seremi de Minería y de la Mujer, quien le señaló “que cuando me necesitara me iba a llamar”, lo que no ocurrió durante todo el año.

En ese sentido, la afectada destaca que la seremi Pardo nunca le entregó lineamientos de trabajo y al solicitarle reuniones formales no respondía. La ex directora argumentó que “semana a semana le enviaba correos electrónicos, con copia, incluso, a la Ministra de la Mujer y a la Subsecretaria de la cartera, solicitando información que ya se le había enviado, recriminándola por no haberle informado, a pesar de tener la información en su poder”.

Todo esto, fue recurrente hasta que el 20 de enero de este año -y tras volver de una licencia médica- Hernández se encontró con que ya no tenía acceso con su huella al edificio, ni tampoco contaba con la cuenta institucional activa. En ese contexto, notó que sus cosas personales tampoco se encontraban en su oficina, la que además ya no tenía la placa con su nombre en la puerta.

Finalmente, fue la abogada regional del SernamEG, Eugenia Alvarado, quien le comunicó que se encontraba despedida, y que la resolución que daba tal orden estaba en Contraloría debido a que ella no quiso renunciar.

La abogada le aseguró que “el Fiscal Nacional le había indicado que debía retirarse de inmediato de las dependencias, puesto que, en caso contrario, sería retirada por la fuerza pública, con Carabineros, ya que estaba interrumpiendo el normal funcionamiento del servicio”.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique explicó en su resolución que para determinar el monto del daño moral alegado por Hernández se tomó en “cuenta la edad de la trabajadora, el tiempo que debió estar expuesta al daño, la magnitud del mismo, su posición como autoridad regional y el ministerio que lideraba”.