Educación superior: nuevo crédito, expansión y mercantilización
"El nuevo crédito no sólo financiaría a las instituciones sin importar su nivel de acreditación, sino que también generaría un incentivo a las instituciones privadas y masivas de los tramos superiores a optar por suscribir al nuevo crédito por sobre la ´beca gratuidad'".
Por Felipe Juica Galdames
Felipe Juica Galdames es Director – Centro de Estudios de la FECH (CEFECH).
La semana pasada el Senado dio inicio al primer trámite constitucional del proyecto de “Financiamiento solidario de la educación superior”, medida que -junto a la implementación de la ley de educación superior y de universidades estatales- busca cerrar el ciclo reformista iniciado por la Nueva Mayoría.
Como Área de Educación del Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (CEFECH), si bien creemos que el crédito refleja un cambio de perspectiva respecto de los actores que deberían intervenir en el financiamiento de la educación superior, cuestión que a la vez parece un mínimo de responsabilidad fiscal si evaluamos los efectos de la banca en el CAE, no podemos sino tener serias dudas frente a los efectos concretos que pudiere producir en el sistema de educación superior el proyecto de ley; más aún, si lo evaluamos en conjunto a la beca gratuidad.
En concreto, la ´beca gratuidad´ propone una fijación de aranceles para las instituciones que suscriben a esta forma de financiamiento, teniendo igualmente un requisito de acreditación avanzada o de excelencia para las instituciones de educación superior. De manera contraria a lo anterior, el proyecto de crédito estatal presentado por el gobierno fija que el monto máximo será equivalente al arancel real de las carreras, además de apostar por un financiamiento para todas las instituciones, sin importar sus niveles de acreditación, sólo variando el monto asignado a dichas instituciones.
Por tanto, el nuevo crédito no sólo financiaría a las instituciones sin importar su nivel de acreditación, sino que también generaría un incentivo a las instituciones privadas y masivas de los tramos superiores -es decir, a las instituciones con acreditación avanzada o de excelencia- a optar por suscribir al nuevo crédito por sobre la ´beca gratuidad´; ya que, al no fijarse el arancel, las instituciones de estos tramos podrán optar a mayores recursos en comparación a los recibidos por el mencionado beneficio, siendo los estudiantes los más afectados por esta situación.
De esta manera, el proyecto busca replicar el efecto del CAE en su implementación, en el sentido que da recursos frescos y de fácil acceso a las instituciones privadas, sobre todo a aquellas masivas, lo que permite su expansión por sobre los proyectos educativos estatales, siendo este un problema transversal en todos los sistemas de financiamiento que ponen énfasis en la capacidad de captar matrícula por sobre aquellos que buscan financiar proyectos educativos.
Creemos que hablar de financiamiento y acceso a la educación es fundamental, cuestión que queda demostrada con un movimiento estudiantil propositivo, que planteó desde el 2011 cambiar las lógicas en esta materia, apuntando a un modelo de aportes basales a las instituciones públicas. Por esta razón, frente a esta nueva coyuntura, vemos una oportunidad de reabrir el complejo y necesario debate sobre financiamiento, haciendo el llamado a todos los actores políticos a poner en el centro del debate a las comunidades educativas y a pensar la política desde una perspectiva que permita construir más educación pública, y no menos, como este proyecto pretende.
