Muchos consideran que el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019 fue el inicio del proceso constituyente ahora en curso. Sin embargo, también cabría considerar a esta fecha como el final de una batalla cultural, como el triunfo de políticos, intelectuales y artistas que querían cambiar la Constitución de 1980 a como diera lugar.
Días antes del Plebiscito de 1980, en el célebre mitin realizado en el Teatro Caupolicán, el 27 de agosto de ese año, uno de los oradores fue el filósofo chileno Jorge Millas, quien señaló que: “El problema de la Nueva Constitución seguirá siendo la gran tarea histórica de los chilenos libre”.
Por esta razón, no sería descabellado decir que la idea de cambiar la Constitución de 1980 se transformó en un tópico recurrente dentro de la intelectualidad chilena incluso antes de promulgada esta Carta Fundamental. Pasaron 19 años y Gladys Marín propuso por primera vez en Chile la fórmula “plebiscito de entrada-órgano constituyente-plebiscito de salida” —posiblemente inspirado en el proceso constituyente venezolano iniciado en 1999—, solo 225.224 (3,19%) personas la acompañaron en esa ocasión.
No fue sino hasta décadas después, con el triunfo de Michelle Bachelet en 2013 y su promesa de una nueva Carta Fundamental, donde los límites de lo posible se corrieron: ahora tocaba hablar de la forma de cambiar la Constitución y ya no solo de ella en sí. De este modo, durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet vimos cómo se desarrolló una importante masa crítica en torno a los aspectos formales y sustantivos de un proceso constituyente al tiempo que su Gobierno fracasaba en su intento por materializarlo.
Al no ser capaz de distinguir entre estos dos planos —ideas y política—, días antes de que Sebastián Piñera asumiera la primera magistratura por segunda vez, el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, señaló una frase que hoy resulta irrisoria incluso para él: «Hay que tener algo muy claro. Si hay una propuesta o idea que fracasó es la idea de Asamblea Constituyente y de una nueva Constitución que la presidenta quería impulsar».
Nuevamente, desde la derecha ignoraron a Irving Kristol cuando dijo que la influencia de las ideas «es tan grande que un mínimo cambio en el clima intelectual puede transformar —quizás lentamente, pero de manera inexorable— una institución conocida en algo irreconocible» (p. 358). A. V. Dicey decía que las leyes son el «producto de escritores o pensadores que ejercieron su influencia mucho antes de que el cambio legislativo tuviera lugar» (p. 25).
Es posible que el presidente Piñera solo conozca de nombre a Domingo Lovera, Pablo Contreras, Fernando Muñoz, Fernando Atria o a Francisco Zúñiga Urbina, pero todo lo que hoy celebra pasó antes por la cabeza de estos y muchos otros intelectuales de izquierda. Como bien dijo Hayek: “La directa influencia de la filosofía política en los negocios corrientes puede ser despreciable. Sin embargo, cuando sus ideas llegan a ser propiedad común, a través de la obra de historiadores, publicistas, maestros, escritores e intelectuales, generalmente constituyen la guía efectiva de procesos de desarrollo” (p. 154).
Cuando termine todo este proceso, sabremos finalmente si la Constitución de 1980 “neutralizaba la política” o solo establecía límites a los políticos. Veremos si el monopolio del Estado en educación o salud mejorará la calidad de vida de todos los chilenos o se conformará con el relato de “la dignidad” de “lo público” como lo hacen tantos países de la región donde se vive peor que en Chile. Espero que todos los cambios que vengan sean para mejor, para que nunca tengamos que decir: «Contra la Constitución de 80 estábamos mejor».
