Este año, inédito y complejo, ha dejado al descubierto las profundas desigualdades que nuestra sociedad mantiene y que se expresan en un recrudecimiento de la pobreza en Chile.
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), muestra que a fines de 2017 la población en situación de pobreza en el país alcanzaba 1 millón 528 mil 284 personas, lo que equivalía al 8,6% de la población, específicamente a 439 mil 882 hogares (7,6% del total país).
Al pronóstico en tiempos de pandemia que realizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre el aumento de la pobreza absoluta en Chile de cerca de un 4%, se suman las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del último trimestre: que da cuenta de que la tasa de ocupación bajó en 16,5% y el desempleo llegó al 11,2%.
La pandemia ha agravado esta situación, aumentando los asentamientos humanos irregulares, la cesantía, el cumplimiento irregular en los pagos de servicios básicos, el acceso oportuno a la salud, vivienda, alimentación, educación y otros.
Por tanto, es relevante concebir una estructura garante de derechos, que consolide aspectos universales y fundamentales de la vida, siendo estos desafíos para la construcción en democracia de la nueva Constitución, que explícitamente signifique y releve la necesidad de proteger, preservar y consolidar los derechos fundamentales mínimos para todos los chilenos.
En estos tiempos de crisis sanitaria y social, actuemos en forma integrada, colectiva, sumando más que restando, con la intención de que nuestras diferencias y similitudes posibiliten construir una sociedad digna y justa para el buen vivir de todos los que la integran y construyen diariamente y en el tiempo.
