¿Por qué no reingresarlos?

Borja Besa es Investigador legislativo de Acción Educar

En diciembre de 2018, el Ministerio de Educación, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley General de Educación, presentó ante el Consejo Nacional de Educación (CNED) una propuesta de nueva modalidad educativa denominada de Reingreso Escolar. Lo anterior, debido a los cada vez más preocupantes números de deserción escolar, temor que se vio incrementado por la suspensión de clases producto del COVID-19. De acuerdo con los datos 2021 del Ministerio, hay 179.893 estudiantes que se encuentran fuera del sistema y el 62,5% pertenecen a familias del 40% de menores ingresos.

Con todo, en febrero de 2021, es decir, luego de 2 años de tramitación, discusión, análisis y estudio por parte de distintos actores y expertos partícipes; el CNED aprobó esta nueva modalidad educativa, la cual tiene por objetivo general atender a las múltiples necesidades específicas de aprendizaje de NNJ (niños, niñas y jóvenes) entre 12 y 21 años que habiendo estado matriculados previamente se encuentran fuera de los niveles obligatorios del sistema escolar por al menos dos años. La única opción que tienen estos estudiantes para completar su trayectoria educativa es la educación de adultos sin que se atienda a sus propias necesidades.

Para que lo anterior se materialice, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley para financiar el reingreso escolar a través de un sistema de subvenciones. Se debe tener en cuenta que en la educación para adultos los alumnos reciben una menor subvención base que en el sistema regular y no reciben SEP, lo cual es corregido por la iniciativa al considerar una subvención base mayor y acceso a una subvención por vulnerabilidad. De esta manera, se busca asegurar que los estudiantes atendidos en esa modalidad reciban un financiamiento equivalente al de sus pares en la educación regular.

El proyecto tuvo un rápido paso por la Cámara de Diputados, en donde fue aprobado por amplia mayoría, entendiéndose la urgente necesidad y la solución que esta nueva modalidad significa para miles de estudiantes.

Desde septiembre del pasado año y hasta la actualidad, la iniciativa se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Educación del Senado, con urgencia suma desde que ingresó y de discusión inmediata desde el 23 de noviembre (lo que en teoría da un plazo de tres días para su despacho), en donde, para pesar de los beneficiarios de esta norma, ha encontrado barreras por parte de los senadores de oposición.

Causan curiosidad los cuestionamientos que han realizado a la modalidad misma y a su existencia, a su forma de operar, a que sea “creada a finales de un gobierno”, entre otras. Cuestionan incluso que la terminología “reingreso” es errada y que se debe atender a las causas de la deserción (muy cierto y loable por lo demás, pero no atingente al rechazo de esta normativa que soluciona una parte del problema y donde el Gobierno ya ha tomado también medidas).

Al parecer pasan por alto los congresistas los más de dos años de trabajo realizado por el CNED para la aprobación de esta modalidad, y que es este órgano, de acuerdo a nuestra propia institucionalidad, acordado por el Congreso, el llamado a analizar y finalmente aprobar o no una nueva modalidad educativa, y que no les corresponde deliberar sobre ella que ya ha sido latamente estudiada y aprobada, sino analizar su financiamiento. Quizás erraron en el órgano público donde prestar sus servicios.

Poco se ha discutido respecto al proyecto de ley en cuestión, que dice relación con la subvención para financiarla. Esperemos que la próxima semana pueda ser aprobado en general para entrar a discutir el fondo, que no se tiren a la basura más de dos años de trabajo serio y que la política chica no se imponga una vez más.