La calidad de las pedagogías

Equidad y calidad en la educación. Corrían los años ´90 y ese era el sentido de la política pública educativa que sigue tan vigente en la actualidad. Los avances en equidad son más que evidentes, especialmente en las tasas de cobertura en todos los niveles, pero al parecer la aguja de la calidad no se ha movido con la misma velocidad.

Un elemento común de todas las políticas públicas educativas es que intersectan en algún punto a los docentes. A raíz de los resultados del proceso de admisión, constatamos una vez más que ha disminuido el número de jóvenes que opta por estudiar Pedagogía. Las cifras son evidentes: el año 2011 la matrícula total en Pedagogía era de 98 mil estudiantes comparados con los menos de 70 mil en la actualidad. (SIES, 2021).

Esta situación es resultado de los cambios introducidos al marco regulatorio en la última década. En el caso de las pedagogías hubo un amplio consenso a nivel nacional e internacional para avanzar a mayores niveles de calidad. La baja selectividad era un problema, los más de 90 mil estudiantes se distribuían en 70 instituciones de educación superior, de ellas 23 no estaban acreditadas. Hoy, el sistema cuenta con 56 universidades y 7 de ellas no están acreditadas.

Por ello, el aumento de la selectividad fue acompañada de una serie de dispositivos que pretendían mejorar la formación; entre ellos destaca el establecimiento de estándares para la Formación Inicial, Evaluación Nacional Diagnóstica y acreditación obligatoria de programas. 

Esto ha tenido un efecto positivo en términos de la calidad. Si el año 2015 existían 863 programas,  240 no estaban acreditados. Hoy, existen 492 programas y 63 no están acreditados. Esto implica una disminución de un 43% en el número de programas ofertados, y en términos de acreditación pasamos de tener un 42% de los programas acreditados por cuatro o más años a un 53% en la actualidad. 

Sin embargo, la exigencia parece que es mayor para las carreras que para las instituciones. El promedio de años de acreditación para las universidades es de 4,6 años, en cambio para los programas de Pedagogía es de 3,9 años. Si consideramos solo la acreditación de excelencia (6 y 7 años), solo un 16% de las carreras de Pedagogía están en ese nivel, comparado con el 21,4% de las universidades.

La mayor selectividad y la vara de la calidad son necesarias y es el camino a seguir, pero no fueron acompañadas de incentivos para el ingreso a este tipo de carreras. Hoy, nos sorprendemos porque pasamos de tener un ingreso anual de más de 18 mil estudiantes en 2011 a 7 mil 400 en 2021.

La política pública falló al considerar solo requisitos más elevados al ingreso, en la formación inicial y en la acreditación. Ha llegado el momento de impulsar nuevas propuestas que permitan hacer más atractiva la carrera docente.

Primero, los salarios de los profesores mejoraron y eso hay que reconocerlo, pero si bien al ingresar al mundo laboral están a la par de otras profesiones, su incremento no es progresivo y atractivo. Aunque alcancen las escalas máximas, logrando duplicar el monto inicial esa remuneración, sigue siendo significativamente inferior que los promedios de la OCDE en todos los niveles.

Segundo, se deben establecer modificaciones en la carrera docente para que exista más tiempo para planificar, evaluar y desarrollar estrategias pertinentes al perfil y contexto del estudiante, contar con sistemas de apoyo y salud laboral.

Finalmente, generar incentivos reales para la atracción a estudios de Pedagogía: reconocimiento a los profesores/as, becas movilidad interregional, incentivos y acceso a la cultura y la sociedad del conocimiento, becas de postgrado. Ampliar los programas de Acceso a Pedagogía a egresados del sistema escolar.

Nuestro país requiere una política pública educativa que considere la integralidad y coherencia de las medidas y que cuente con una mirada prospectiva de los efectos de las medidas adoptadas, analizando con criterio de realidad y contexto dónde se desempeñan los profesores, profesoras y educadoras. Estos elementos son centrales en la apuesta por la calidad de la política pública.