Existe una tensión creciente en las democracias contemporáneas: la distancia entre el tiempo que requieren las buenas políticas públicas y el tiempo que les permiten las redes sociales. Las primeras se miden en años o décadas; las segundas, en minutos. Esa brecha está destruyendo, ya no silenciosamente, la capacidad de gobernar bien.
Las buenas decisiones rara vez generan aplausos instantáneos. Una reforma previsional sólida, una política fiscal responsable, una inversión en educación o en infraestructura implican costos visibles hoy y beneficios que se materializan más tarde, cuando el gobierno que las tomó quizás ya no está en el poder. Este desfase siempre fue un desafío para los líderes democráticos. Hoy, sin embargo, es estructuralmente más grave: la opinión pública se forma y se expresa en segundos, y una medida técnica, por bien fundada que esté, puede derrumbarse en horas si genera indignación viral. En este contexto, la tentación política es gobernar para el clímax del día, no para los objetivos de la década. Ese fenómeno tiene nombre: populismo.
El populismo no es una ideología coherente sino un formato de comunicación; mensajes cortos, emocionales, con un héroe y un villano claramente identificados, que generan urgencia y pertenencia. Es exactamente el tipo de contenido que los algoritmos premian con mayor difusión, porque están diseñados para maximizar el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma y los contenidos que más retienen la atención son los que activan respuestas emocionales intensas: el miedo, la ira, el ultraje, la sensación de amenaza.
Yuval Noah Harari documenta este mecanismo en su libro Nexus con el caso más extremo conocido: la persecución de la minoría rohingá en Myanmar, donde Facebook amplificó mensajes de odio porque generaban más engagement, con el resultado de miles de muertos y casi un millón de desplazados. El patrón no es exclusivo de un país ni de un período. En 2021, Frances Haugen, la ingeniera que filtró los documentos internos de Meta al Congreso de Estados Unidos, testificó que los algoritmos de Facebook estaban avivando la violencia étnica en Etiopía, donde el contenido de odio vinculado al conflicto en Tigray circuló durante meses sin moderación efectiva. Facebook, reconoció Haugen, sabía que el sistema era peligroso sin mecanismos de control que no había desplegado en la mayoría de los idiomas del mundo, incluidos los de Etiopía.
Recientemente, los disturbios de Belfast demostraron que el problema no es patrimonio de Estados frágiles ni de regiones sin tradición democrática: desinformación que circuló en horas, incluyendo la falsa noticia de que la víctima era un niño y había muerto, desencadenó incendios en barrios de inmigrantes y llevó al Comité de Ciencia e Innovación del Parlamento británico a advertir que los algoritmos de recomendación “jugaron un papel clave en impulsar la violencia”. El propietario de X, con 240 millones de seguidores en la plataforma que controla, amplificó la indignación retuiteando a activistas de posición extrema. Tres casos, tres continentes, tres momentos distintos, con la misma lógica: el algoritmo no distingue entre contenido que informa y contenido que inflama. Solo mide cuál retiene más tiempo a más usuarios.
No hace falta llegar a esos extremos para observar la dificultad creciente de sostener cualquier reforma estructural en el debate público: el ciclo de indignación derriba argumentos antes de que puedan ser evaluados, la simplificación vence a la complejidad, y los gobiernos aprenden que comunicar bien según los estándares del algoritmo importa más que gobernar bien según la evidencia. Se genera así una asimetría competitiva: la política fundada en evidencia es lenta, matizada y costosa de comunicar; el populismo es instantáneo, visceral y fácil de consumir. En un ecosistema regido por algoritmos de maximización de atención, el segundo supera estructuralmente a la primera.
¿Qué hacer? La respuesta no puede ser ignorar el problema ni esperar que el mercado lo corrija: las empresas tecnológicas tienen los incentivos para mantener esta arquitectura. La respuesta debe ser regulatoria. El Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea ya obliga a las grandes plataformas a auditar sus algoritmos, evaluar sus riesgos sistémicos sobre el discurso cívico y abrir sus datos a investigadores independientes. El Reglamento de Inteligencia Artificial, que será plenamente aplicable desde agosto de 2026, prohíbe la manipulación subliminal y establece responsabilidades proporcionales al riesgo de cada sistema. Son instrumentos imperfectos, pero representan el primer reconocimiento institucional de que los algoritmos tienen consecuencias políticas y que esas consecuencias no pueden quedar exclusivamente en manos de quienes los diseñan.
Para Chile y América Latina la urgencia es doble: somos regiones donde la capacidad institucional para sostener reformas de largo plazo ya es frágil, donde la desconfianza en las élites técnicas es alta y donde el populismo digital ha demostrado alta eficacia. Lo que necesitamos no es una lista de medidas sino una conversación política honesta sobre la pregunta de si estamos dispuestos a regular el ecosistema informativo del que depende nuestra propia acción política.
Gobernar bien en un entorno donde el algoritmo premia la indignación es intentar construir sobre arenas movedizas. Regularla es, en este momento, una de las tareas más urgentes de la política democrática y claro, de las más difíciles de implementar, toda vez que la acción política se sostiene en gran parte en el mismo algoritmo que debe reformarse.
