Cada 16 y 17 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, respectivamente, fechas que nos invitan a reflexionar sobre una realidad estrechamente relacionada: la dificultad que enfrentan millones de personas para acceder a una alimentación suficiente y de calidad. En Chile, esta discusión adquiere especial relevancia en un contexto en que el precio de los alimentos sigue presionando los presupuestos familiares.
El último IPC volvió a recordárnoslo. En septiembre, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,6%, completando tres meses consecutivos de alzas. Aunque la inflación general se ha moderado respecto de sus máximos, eso no significa que los precios hayan retrocedido. Por el contrario, las familias siguen enfrentando el efecto acumulado de varios años de encarecimiento de productos esenciales, lo que resulta especialmente complejo para quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentarse.
El problema trasciende las estadísticas económicas. Los informes de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria advierten que el elevado costo de los alimentos constituye una barrera para acceder a dietas saludables, especialmente entre los hogares más vulnerables. No se trata únicamente de tener algo que comer, sino de contar con los recursos necesarios para acceder regularmente a alimentos suficientes, variados y nutritivos. Cuando el presupuesto no alcanza, la calidad de la alimentación también puede verse comprometida.
Hay, sin embargo, una paradoja en nuestra relación con los alimentos: mientras alimentarse representa un esfuerzo económico creciente, seguimos desperdiciando enormes cantidades de comida. Según un estudio realizado por Cheaf, el 92,3% de los chilenos manifiesta preocupación por el costo de los alimentos y un 88% ha reforzado sus estrategias para enfrentar el aumento de precios. Sin embargo, otra investigación de la compañía reveló que prácticamente la mitad de los chilenos reconoce desechar comida al menos una vez por semana.
Estas cifras muestran que el desperdicio alimentario no es solo un problema ambiental, sino también económico y social. Cada alimento que termina en la basura representa dinero perdido, además de recursos naturales, energía y trabajo utilizados para producirlo. Reducir estas pérdidas permite aprovechar mejor lo que ya tenemos, aliviar los presupuestos familiares y avanzar hacia sistemas alimentarios más eficientes.
Pero sería un error trasladar toda esta responsabilidad a los consumidores. Chile necesita políticas públicas que promuevan la prevención y reducción del desperdicio en toda la cadena alimentaria, mediante incentivos a la recuperación y redistribución de excedentes, educación alimentaria, mejores mecanismos de articulación entre productores, comercios y organizaciones sociales, y metas que permitan evaluar avances concretos.
Erradicar la pobreza y garantizar el derecho a una alimentación adecuada requieren medidas mucho más amplias que reducir el desperdicio. Sin embargo, difícilmente podremos avanzar hacia un sistema alimentario más justo si seguimos permitiendo que alimentos aptos para el consumo terminen en la basura. En un país donde cada peso destinado a la alimentación importa, evitar que la comida se pierda debería ser una prioridad compartida, tanto en nuestros hogares como en las decisiones del Estado.
