Pocas veces un diagnóstico económico ha generado tanto acuerdo. El desempleo llegó a 9,6% en el trimestre junio-agosto, la economía rozó la recesión técnica a mediados de año y el gasto fiscal lleva años superando a los ingresos, al punto de que el propio Gobierno se fija como meta bajar el déficit estructural de 2,8% a 1,8% del PIB. Nadie discute qué hay que hacer; la pregunta es si es posible aprobarlo. El ajuste fiscal dejó de ser un desafío técnico para convertirse en uno legislativo.
Contener el gasto fue uno de los ejes de la última elección presidencial. El presidente Kast prometió un ajuste de US$6.000 millones en 18 meses y, más allá de las dudas sobre su factibilidad, ningún candidato defendió abiertamente gastar más. Pocas ideas concitan un respaldo tan transversal en el mundo político.
Sin embargo, ese consenso se disuelve partida por partida en la discusión del presupuesto. El proyecto para 2027 no reduce el gasto total, sino que lo contiene: crece 1,5% respecto de la ejecución proyectada para este año. Aun así, cada ajuste se disputa. La eliminación de “Yo elijo mi PC” fue criticada desde todos los sectores, incluidos parlamentarios oficialistas; el recorte cercano al 10% en Culturas encendió alarmas, y la Cuarta Subcomisión Mixta rechazó la partida del Servel. Todos quieren recortar, pero siempre en la partida del vecino.
En teoría, las reglas del juego favorecen al Ejecutivo. El artículo 67 de la Constitución otorga al Congreso 60 días para despachar el proyecto; si no lo hace, rige el texto presentado por el presidente. Además, la iniciativa en materia de gasto es exclusiva del Presidente y los parlamentarios no pueden aumentarlo: sólo pueden reducirlo. Pero la práctica encontró un atajo. Rechazar una partida permite presionar al Ejecutivo para que reponga recursos y abrir una negociación que suele terminar en un protocolo de acuerdo. La propia presidenta de la Cuarta Subcomisión lo explicó así al rechazar la partida del Servel: como el Congreso no puede aumentar el gasto, el rechazo es la vía para pedir más recursos. Así, la única facultad que la Constitución le entrega al Congreso en materia de gasto termina usándose para aumentarlo.
Hay un segundo límite, menos visible. La misma norma impide reducir, mediante la Ley de Presupuestos, los gastos establecidos por ley permanente. El problema es que buena parte del gasto público tiene ese origen. Por eso, el ajuste estructural no se juega en esta ley anual, sino en reformas permanentes. En campaña se reconoció que la mitad del recorte prometido requeriría el respaldo del Congreso. En esas leyes el Ejecutivo ya no cuenta con el plazo de 60 días a su favor, pues cada proyecto debe construir sus propias mayorías. El Presupuesto es apenas la primera batalla.
Ahí radica el verdadero desafío para el Gobierno. El oficialismo tiene mayoría en la Comisión Especial Mixta -15 de sus 26 integrantes- pero la oposición preside dos subcomisiones, entre ellas la que revisa Educación y Culturas, y las críticas también provienen de sus propias filas.
En este escenario, el Ejecutivo necesita tres cosas. Primero, justificar cada recorte con evaluación de resultados. Segundo, evitar que la negociación se transforme en un goteo de concesiones que, sumadas, deshagan el ajuste. Y tercero, instalar una regla de coherencia: quien rechace un recorte, que indique dónde ahorrar lo equivalente.
La Constitución le entregó al Congreso una tijera y no una aguja. Puede cortar, pero no coser. Sin embargo, en cada discusión presupuestaria los parlamentarios han aprendido a remendar lo que el Ejecutivo recorta. Chile sabe que debe apretarse el cinturón; la pregunta es si sus legisladores estarán dispuestos a no abrirle un nuevo agujero cada vez que el ajuste toque su propia partida.
