La discusión por el presupuesto en educación superior es una muestra más de la falta de orientación ética y sentido de realidad en que se encuentra sumida la discusión política de nuestro país, permeando incluso a parte de sus autoridades más ilustradas.
Un ejemplo evidente han sido las declaraciones de Juan Carlos de la Llera, rector de Pontificia Universidad Católica de Chile, quién confiesa sin tapujos un problema mayor del que acusa: a pesar de toda la evidencia disponible, las universidades público-privadas miembros del G9 tomaron una pésima e irresponsable decisión financiera al plegarse a la política de gratuidad bajo las condiciones ofrecidas. En otras palabras, desconocieron el principio básico de las finanzas que reza que no debes vivir ni por sobre ni al límites de tus posibilidades, pues ante cualquier evento adverso estarás inevitablemente sometido a un estrés económicamente difícil, cuanto no imposible de sostener.
Peor aún, sin asumir responsabilidad alguna, hoy se busca que sea la ciudadanía a través de sus impuestos quienes enmienden tal error, negándose a ceder un sólo peso en el presupuesto de la nación y sin plantear alternativas razonables más que rechazar la partida de Educación Superior. Y cómo si esto no bastara, en su última entrevista, el rector Llera se atrevió a plantear que no habría un objetivo de política pública en la propuesta del Ejecutivo, como si se tratara de una decisión diseñada en la sobremesa. El foco puede gustarle o no, pero de ahí a rebajar el debate público a tal nivel adolece, como poco, de una débil y evidente defensa corporativa.
Otras críticas al Gobierno vienen de los miembros del Consejo de Rectoras y Rectores de las universidades chilenas, a través de Osvaldo Corrales, Pedro Palominos y Alejandra Mizalas, por mencionar a algunos, aunque con una mirada algo más matizada. Sus intervenciones oscilaron desde que el Ejecutivo “está hipotecando el futuro del país” hasta “tenemos que, a través del diálogo, convencer al Mineduc de su error”. De cualquier manera, las autocríticas sobre la condición económica actual de sus planteles, producto de una política pública que fervientemente apoyaron, han escaseado.
Quién sí ha dado señales de sentido de realidad, es el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Contraviniendo el interés económico de su plantel, ha argumentado que sus pares, situados en una posición de imparcialidad, deben reconocer que el Gobierno debe priorizar los recursos, sobre todo en un contexto de estrechez fiscal, y actuar en favor de los más desaventajados, en este caso de la etapas iniciales de educación. Desde luego, enfatiza Peña, esto supone costos que son difíciles de asumir, pero, precisamente, someterse al deber es una tarea exigente. En simple, se trata de mirar el conjunto del sistema, ponderar qué costo es menor y optar por ello; sin ir más lejos, es lo que la ministra de Educación, María Paz Arzola, ha tratado de llevar adelante.
Frente a este escenario, resulta imperativo recuperar la orientación ética y asumir con altura de miras el debate presupuestario. En lugar de eludir responsabilidades, las universidades deben situarse desde el bien común para con la sociedad. Ello exige, en esta ocasión, respaldar o complementar las prioridades de política pública del Mineduc, comprometiéndose, por ejemplo, a redirigir esfuerzos e inversión hacia la educación temprana e inicial que hoy tanto lo necesita. En un escenario de escasos recursos, un verdadero liderazgo académico no se mide por la capacidad de defender presupuestos corporativos, sino por actuar con rectitud moral y anteponer en la fila de prioridades a los más necesitados de la sociedad.
