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27 de Marzo de 2012

Caso Colusión: TDLC suspende causa contra productores avícolas

La decisión responde a que la Fiscalía Nacional Económica no ha devuelto a la APA los documentos que le incautó en enero de 2011 tras un allanamiento, pese a que orden judicial los obligaba a ello.

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El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió suspender la causa relativa al requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la supuesta colusión entre Agrosuper, Ariztía y Don Pollo a solicitud de la Asociación de Productores Avícolas (APA).

La decisión se sustenta en que , de acuerdo a la versión de la entidad gremial también requerida, la FNE no ha devuelto los documentos requisados en enero de 2011 pese a una orden judicial que obligaba a ello, informa Emol.

El citado incumplimiento, a juicio de la APA les impide tener derecho a una buena defensa dado que no tienen acceso aún a dichos archivos.

La Resolución del TDLC, fechada el 26 de marzo, señala “Suspéndase el procedimiento hasta que la Fiscalía Nacional Económica cumpla lo ordenado por el Ministro de Turno de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago mediante la resolución de fecha 31 de enero de 2012”.

El 12 de enero de 2011 funcionarios de la FNE allanaran las oficinas de APA, entonces la entidad manifestó que “la incautación dejó sin prácticamente ningún antecedente que le permitiera preparar su defensa y rendir la prueba con que sustentará las defensas esgrimidas durante el período de discusión”.

Tras esto la APA, acudió a la Corte de Apelaciones. A continuación, el tribunal ordenó a la FNE, con fecha 31 de enero de 2012, devolver al gremio los documentos, lo que no se ha hecho hasta la fecha. De hecho se asegura que ha concurrido tres veces a las oficinas de la Fiscalía a solicitarlos, pero recibieron respuestas negativas.

“Como el Tribunal podrá advertir, la negativa pertinaz de la FNE a devolver a mi representada los documentos y antecedentes incautados atenta gravemente a su derecho a defensa (…) que no sólo comprende el derecho a ser oído, sino que también el derecho a presentar la prueba que cada parte estime pertinente para justificar sus alegaciones”, reclama APA.

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