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19 de Junio de 2013

Inmigrantes: la fórmula del gobierno para atraer profesionales y mano de obra

El análisis del Ejecutivo establece que en un futuro cercano faltarán trabajadores en la gran minería y en la agricultura, por lo que busca actualizar la legislación vigente flexibilizando la obtención de visas de trabajo. La fórmula se distancia de la postura de Pablo Longueira (UDI), que manifestó su preocupación por la llegada de extrajeros.

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El sábado 15 de junio el candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, sacó ronchas con sus declaraciones. “Nos vamos a comprometer en una nueva ley de inmigrantes, porque no podemos tener la inmigración ilegal que estamos teniendo. Esto está afectando a todas las regiones del norte del país, porque muchos de estos inmigrantes ilegales que están ingresando a Chile lo hacen perjudicando a los chilenos”, y luego agregó que los inmigrantes indocumentados están  “obteniendo fuentes de trabajo que podrían tener mujeres chilenas y están usando infraestructura de la salud y la educación”.

La postura evidenciada por el candidato gremialista contrasta con el proyecto que 10 días antes había ingresado el gobierno al Congreso. “Ley de migración y extranjería” lleva por nombre el mensaje presidencial que busca modernizar la legislación de nuestro país en esta materia.

Según el análisis desarrollado en el documento, en la actualidad existe un déficit de trabajadores en algunas áreas como el agro y la minería, ya que se trata de plazas laborales que muchas veces los chilenos no están dispuestos a asumir por su carácter temporal. Además, se cita un diagnóstico elaborado por la Fundación Chile que revela que “las brechas (o déficits proyectados) de fuerza laboral calificada constituyen, probablemente, el mayor desafío que enfrenta el desarrollo de la gran minería chilena para la década 2011-2020”.

Ante esto, el proyecto busca aumentar, de manera controlada, la inmigración de trabajadores no calificados para el sector agrícola, y de extranjeros con mayor educación para llenar los cupos que se abrirán en la industria minera.

El proyecto se plantea la creación de una nueva institucionalidad, que contemple la flexibilización en la obtención de visas de trabajo temporales para permitir un mayor flujo de migrantes, aunque también advierte un endurecimiento de penas para aquellos extrajeros que decidan venirse a trabajar sin tener la autorización para ello. Para tomar las grandes decisiones, se propone la instauración de un Consejo de Ministros.

Entre los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, se cuenta el descenso de la tasa de natalidad de los chilenos y la necesidad de atraer personas de otros países para no disminuir la población. “La tasa de fecundidad ha caído desde los 5,49 hijos por mujer en el quinquenio 1950-1955 a sólo 1,9 proyectado para el quinquenio 2010-2015. Dicha cifra se ubica bajo la tasa de reposición, por lo que, de mantenerse la tendencia y una vez superada la inercia demográfica, la población total comenzaría a bajar paulatinamente si no llegasen personas de otras naciones”, explica en su introducción el mensaje presidencial. También entrega cifras que sorprenden, por ejemplo, que por cada migrante trabajando en Chile, hay 2.5 chilenos haciéndolo en otros países del mundo.

El proyecto ingresó a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y cuenta con la firma de diez ministros: Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Educación, Justicia, Trabajo y Salud.

Cautela

La idea del Ejecutivo fue trabajada en conjunto con entidades como la Universidad de Santiago, la Universidad Mayor y el centro de pensamiento Libertad y Desarrollo. El Coordinador del programa Sociedad y Política de este último, Alvaro Bellolio, explica que “el proyecto actualiza la legislación actual, que es del año 1975, y que tenía una visión del migrante como una potencial amenaza. Es bastante positiva la norma. Mejora el reconocimiento constitucional, estableciendo derechos y deberes de los extranjeros, igualdad de oportunidades de acuerdo a los convenios internacionales”.

El investigador agrega que el proyecto “crea la División de Migraciones que mejora lo que hoy existe en los pequeños departamentos de extranjería, genera una división de estudios para conocer el número exacto de migrantes y también busca fortalecer la relación con los chilenos en el extranjero, lo que es clave para algunos proyectos como el voto de chilenos en el extranjero”. 

Lucia Dammert, socióloga peruana radicada en Chile e investigadora de la USACH, coincide con Bellolio en valorar la iniciativa “la necesidad de legislar me parece bien, pero hay que empezar a mirar los problemas más específicos”.

Dammert plantea que un gran tema es reducir la burocracia para el migrante que llega al país, ya que al ser engorroso el proceso empuja a las personas a optar por la ilegalidad “hay una serie de trámites administrativos que son muy burocráticos que generan vacíos para el migrante y que lo llevan a estar en condición de ilegalidad a pesar de estar en el proceso. Ejemplos de eso hay muchos, cuando llega un migrante y es contratado con visa sujeta a contrato queda un tiempo en el aire, ahí lo que corresponde es apurar los trámites, porque son muchos y requieren una gran cantidad de tiempo y dinero”.

Bellolio señala que el proyecto contempla la flexibilización del sistema “tiene un gran foco en generar la institucionalidad para que se mejore la entrega de visas, que entregue mayor flexibilidad en temas laborales… en la línea del impulso competitivo”.

Lucia Dammert aprovecha la ocasión para lanzarle un par de dardos a Pablo Longueira, y lo hace defendiendo el aporte de los migrantes al desarrollo de Chile: “existe una enorme cantidad de migrantes que impactan positivamente en el desarrollo del país. Las universidades y centros de estudio están contratando crecientemente investigadores y profesores internacionales, sino fuera por los migrantes tendríamos serios problemas de cobertura de médicos en el sur y de trabajadores en el agro y en la minería en el norte… hay que superar la visión del siglo 19 donde los países se querían encerrar en sus fronteras y asumir que estamos en un mundo globalizado. Por eso me llama la atención lo que dice Pablo Longueira, porque fue el Ministerio de Economía el que ha abierto programas que financian muy generosamente a los extranjeros que vienen a hacer programas de desarrollo tecnológico, pero parece que a él no le parece tan bien que vengan personas con menos cualificaciones a trabajar al país”, remata la socióloga.

La pérdida de exclusividad de la Universidad de Chile

Quienes participaron en la redacción del proyecto reconocen que existe un tema que podría generar polémica. Actualmente solo la Universidad de Chile está acreditada para convalidar títulos universitarios en el país, pero la iniciativa del gobierno plantea que cualquier casa de estudios superiores con seis años de acreditación pueda realizar el trámite. “Actualmente es un proceso engorroso”, señala Alvaro Bellolio. En la casa de Bello reconocen estar al tanto de la situación, pero aseguraron a El Dínamo que no harán declaraciones por el momento ya que “se trata de un proyecto que está en discusión en el Congreso”.

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