Fiscalía española pide que se extradite a Michael Townley por caso Soria

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió a un juez que reclame a Estados Unidos la extradición a España de Michael Vernon Townley, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Townley, que era jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, está en búsqueda y captura desde octubre de 2012, cuando fue procesado por el juez español Pablo Ruz junto a otros seis ex responsables de la inteligencia chilena por el asesinato perpetrado en 1976, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet.

El juez Ruz dictó una providencia, fechada el 30 de enero, donde da cuenta de la petición del fiscal Carlos Bautista y le reclama a su vez que elabore un informe sobre la extradición de este ciudadano estadounidense, informaron hoy a Efe fuentes jurídicas.

Ruz procesó a Townley en este caso porque supuestamente cedió la casa en la que fue torturado y asesinado el diplomático español, la cual funcionaba como centro clandestino de interrogatorios.

El juez les imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, atendiendo al criterio de la Fiscalía, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile “no ha sido efectiva” y en virtud al principio justicia universal, cuya restricción aprobó esta semana el Congreso.

En el auto de procesamiento, el juez afirma que los hechos ocurrieron el 14 de julio de 1976, cuando Soria, que trabajaba para la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, regresaba a su casa en su coche.

Entonces, dos de los procesados vestidos de carabineros, el sargento José Remigio Ríos Sanmartín y el capitán Jaime Lepe Orellana, “pretextaron una infracción de tráfico”, lo detuvieron y se lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley.

“Soria fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas, en las cuales le fracturaron todas las costillas (…) a fin de que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y cuál era su misión en el país, y ya con la idea de asesinarle y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron (…) media botella de pisco”, detalla el juez.

En el interrogatorio, en el que participaron estos seis acusados, dirigidos por Lepe, Soria sólo murmuraba “Pobre Chile”, precisa el magistrado, y añade que al finalizarlo, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres le estranguló “ayudado materialmente por otras dos personas de la brigada, no identificadas”.

Después, los procesados trasladaron el cadáver al Canal del Carmen, donde “hicieron que se precipitara al vacío, tirando el cuerpo”.

No obstante, el cadáver no se halló hasta un día después, y en el bolsillo de su chaqueta se encontró una nota “simulada por sus captores” en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa que, según el juez Ruz, no fue escrita por ninguna de las máquinas que se usaban en la ONU ni estaba deshecha por el agua.