La historia de la mujer que denunció que Cema Chile secuestró a su hijo en dictadura
El caso es parte de una investigación que inició el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, en relación al crudo testimonio entregado por una madre, quien denunció la desaparición de su hijo de 4 años durante 1975 en Coronel. El Dínamo tuvo acceso a la declaración policial y logró contactarla para conocer sus primeras impresiones.
Por Carolina Rojas“Ojalá me hubieran desaparecido en vez de torturarme, porque hasta el día de hoy no va haber justicia”, dice Rosa, una mujer de la comuna de Coronel que lleva casi cuarenta años buscando a su hijo. Denuncia que Ricardo, de cuatro años, fue secuestrado en 1975 durante un paseo para niños que habría sido organizado por CEMA Chile, la Fundación dirigida por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, que hasta hoy funciona en todo Chile recibiendo aportes de municipios y afines al régimen.
Afectada y en medio de sollozos, al otro lado de la línea telefónica, Rosa hilvana algunos trozos de la cruda historia que quedó estampada en un parte policial ante la PDI de Coronel (octava región) durante el mes de enero.
Prefiere mantener en reserva su apellido. “No puedo meter a mi familia en esto, esta denuncia es sólo mía, no quiero que esto afecte mi trabajo”, advierte antes de comentar que presentados los antecedentes al Ministerio Público, el caso se derivó a la Corte de Apelaciones de Concepción y fue caratulada como ‘Presunta desgracia’, caso que se entregó al ministro Carlos Aldana, magistrado encargado de las causas de Derechos Humanos en la región, quien y tal como consignó Bío bío, se encargaría de ordenar las primeras diligencias.
En la denuncia ante la policía, quedó consignado que la mujer aún conserva el certificado de nacimiento del niño, nacido el 9 de marzo de 1971. Hoy tendría 43 años y viviría en Cañete.
La denuncia tras cuatro décadas de silencio
Rosa hoy trabaja como voluntaria de enfermos terminales en un hospital de su comuna, en su declaración reveló que, dos años después del golpe de Estado, una asistente social del Ejército invitó a participar a su pequeño hijo de un paseo para los niños de la localidad organizado por Fundación CEMA Chile. Ella aceptó porque le informaron que la invitación se asemejaba a las actividades realizadas por el párroco de la localidad.
Además, en ese tiempo, la organización, que resucitó en la dictadura de la mano de viuda de Augusto Pinochet, ofrecía actividades sociales donde sus voluntarias trabajaban bajo el supuesto de la acción social y el apoyo a las mujeres chilenas y ese fue un segundo motivo para no desconfiar del paseo.
En el documento, la mujer profundiza los detalles de lo sucedido. Relata que los primeros años de dictadura, ella vivía sola junto a su madre y sus hijos Ricardo, de cuatro años, y Lidia de dos. Afirma que en 1975, no recuerda en qué mes con exactitud, llegó un vehículo que ella describe con características de “militar” desde donde se bajó una mujer de unos cuarenta años que se identificó como la mencionada “asistente social de los militares”, acompañada de un sacerdote cuyo nombre consta en la declaración. También agrega que ella había entregado información sobre su familia monoparental y la cantidad de niños que había en su familia en una lista para la repartición de mercadería en su comuna.
En la declaración también asegura que estas personas ingresaron a su hogar y ahí le comunicaron que había sido beneficiada con un programa para que su hijo asistiera a un campamento de niños y que este paseo se extendería por dos semanas. “Dicho programa trataría de trasladar a los menores a un campamento por lapso de 15 días aproximadamente, llevándose a Ricardo Antonio, el mismo día, a bordo del vehículo militar. Estos dos sujetos, me manifestaron que dicho programa les daría ropa y víveres, por lo que no me dejaron prepararle un bolso con su ropa, yo no vi nada malo ese día, puesto que me manifestaron que este programa se parecía mucho al del párroco de esta comuna, quien llevaba de vacaciones a Quillón a los niños”, comentó la mujer ante la policía.
Sigue su testimonio y recuerda que, pasada las dos semanas, no volvió a tener noticias de su hijo Ricardo y se dirigió a los Tribunales de Concepción. Quería entrevistarse con la jueza, cuyo nombre fue mencionado por los militares que visitaron su casa -y consta en la declaración-pero la mujer se negó y nunca quiso recibirla.
También intentó encontrar a la supuesta asistente social, pero dice que le fue negada cualquier tipo de ayuda. “Me trasladé hasta las dependencias del cuartel de Collao de la comuna de Concepción donde fui atendida en varias oportunidades por los guardias militares que se encontraban en la puerta de acceso (…) Al parecer me tenían identificada, me negaban el acceso de inmediato, posterior a entregar mi identificación”, asegura en la declaración.
En medio del relato plasmado en el documento, Rosa agrega que en su desesperación pensó en poner una denuncia en la radio, pero no alcanzó a hacerlo. Recuerda que unos militares forzaron su casa, la secuestraron y luego la trasladaron a un lugar que sólo identifica como “recinto militar”. Allí fue salvajemente torturada, al punto que aquella intimidación terminó por hacerla desistir de la búsqueda de su hijo.
Tardó cuarenta años en retomar fuerzas y perder el miedo. “Finalmente yo, hasta la fecha, no le he contado nada a nadie, estando siempre afectada psicológicamente, con una depresión enorme, sin embargo el día de hoy, por decisión propia, vengo a interponer la presente denuncia con la finalidad que se investigue este caso y lograr ubicar a mi hijo”, señaló en las últimas líneas de su declaración.
En busca de Ricardo
En conversación con El Dínamo, Rosa explicó por qué demoró tanto tiempo en denunciar este hechos. Menciona nuevamente que aún está muy afectada por una depresión que dice ha arrastrado toda su vida. “Si bien es cierto que tardé años en denunciar, ese dolor era mío, solamente mío, confío en la investigación que se seguirá haciendo. Después de que me hicieron lo que mi hicieron no quise seguir preguntando. Yo trabajo en un lugar público, a pesar del dolor que llevo guardado soy voluntaria en un lugar de enfermos terminales y la mayoría de la gente ya se enteró de este hecho (…) No sé si pueda seguir conversando, los involucrados en la denuncia siguen viviendo acá (…) De mi hijo no se sabe nada”, relató angustiada.
Rosa revela que lo único que desea es encontrarse con su hijo.“No sé qué hacer, todos los días desde que pasó esto, todas las noches rogaba a Dios y le pedía justicia y la sigo pidiendo. No sé lo que hicieron con él… Un día un compañero me dijo donde tenía que hacer la denuncia y llegué hasta la Policía de Investigaciones de Coronel, me atendió un detective, no sé si usted es creyente o no, pero algo me llevó a hablar con ellos. Buscaron en el registro civil, pero no aparece nada de mi hijo, ni siquiera aparece si vive como indigente, sólo que vive en Cañete, pero aún no lo encuentran”, concluyó.
Niños secuestrados en dictadura
Conocido es el caso de Ernesto Lejederman, el niño argentino nacido en Chile que el propio Juan Emilio Cheyre entregó a un convento de monjas luego que sus padres fueron asesinados por una cuadrilla militar. Esta polémica que se desató el año pasado, terminó con la renuncia de Cheyre al Servel. Mireya García, vicepresidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD, consultada por la denuncia de Rosa, comentó a El Dínamo que en esta materia se ha trabajado en los casos de las nueve mujeres que estaban embarazadas en el momento de ser desaparecidas y que no se conoce el destino de sus hijos.
García dice que se han realizado varias campañas para recoger información, pero que no se han obtenido resultados satisfactorios. “Nunca ha sido posible avanzar en el conocimiento de esos hechos, son causas que están en la justicia, pero tengo la impresión que estos casos, como arista del destino final de esos menores que estaban en gestación, no es algo que se haya investigado para llegar a una conclusión, más bien han ido quedando como un antecedente más de la causa, pero no han sido el centro de la investigación para llegar a conocer lo que realmente pasó con esos niños”.
Respecto el caso de Rosa, comenta que no son conocidos casos de secuestro de menores de la edad de Ricardo, pero que eso no quiere decir que los casos que escapan a la política represiva del golpe de estado chileno, no hayan ocurrido. “Así como sucedió con la denuncia de Rosa, puede que en otro momento se puedan conocer otras denuncias (…)Este caso se debe investigar para saber lo que realmente pasó con su hijo, quien dio la orden de que se llevaran este niño, cómo lo adoptaron y que instituciones del Estado participaron en este ilícito. Personalmente, no me sorprende nada que se pueda seguir conociendo a cuarenta años del golpe, la dictadura actuó con un sigilo y secretismo y maldad muy brutal. En relación específico en este caso, lo fundamental es que la justicia haga lo que tiene que hacer”, concluyó.
