ONU denuncia ola de ataques contra defensores de los derechos humanos en Nicaragua
La relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, pidió a las autoridades que se abstengan de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas.
Por Agencia UNO-Europa Press
Denunciaron tortura, tratos crueles, entre otros.
Relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunciaron un aumento de los ataques y detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos en Nicaragua y han instado al Gobierno de Daniel Ortega a no criminalizar prácticas “legítimas”, como la participación en manifestaciones pacíficas.
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, pidió a las autoridades nicaragüenses que se abstengan de “iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas”.
Los expertos coinciden en que el aniversario de las movilizaciones de 2018 han supuesto un aumento de la represión, en un momento en el que “la labor de las personas defensoras de los derechos humanos es más esencial que nunca”, dijo Lawlor. En este sentido, pidió al régimen de Daniel Ortega redoblar sus esfuerzos para garantizar derechos y libertades básicas de cara a las elecciones de noviembre.
La relatora ejemplificó la represión con varios casos, entre ellos el de Celia Cruz, una mujer transexual arrestada en abril de 2020 en Omepete y que fue recluida en una prisión para hombres, expuesta a agresiones sexuales y violencia verbal. No fue liberada hasta un año después, en abril de 2021.
Asimismo, aludió a la detención del líder estudiantil John Christopher Cerna Zúñiga, arrestado en febrero de 2020 y condenado a doce años de cárcel por tráfico de drogas, aunque él alega que la causa guarda relación con su activismo.
La relatora, que está en contacto con el Gobierno de Nicaragua, advirtió que los dos activistas habrían sufrido malos tratos, agresiones físicas, verbales y sexuales y falta de acceso a medicamentos y servicios médicos básicos en prisión. Además, las personas que protestan contra el Gobierno habrían sido recluidas en celdas de máxima seguridad con mayor vigilancia, registros y aislamiento.
