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8 de Abril de 2014

Pescadores artesanales exigen ordenar nuevo estudio ambiental para complejo Bocamina

A través de un recurso que se suma al de pescadores de Lo Rojas y algueras, piden acoger la acción legal que mantiene fuera de funcionamiento Bocamina II, argumentando los daños ambientales que ha causado la termoeléctrica en Coronel.

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La Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores de Artesanales de Chile, (Confepach) que logró en la Corte Suprema el fallo que obligó a Endesa a someter a un Estudio de Impacto Ambiental la ampliación de Bocamina II, se hizo parte en el recurso que mantiene paralizadas las operaciones de esta termoeléctrica.

Ad portas de que la Corte de Apelaciones de Concepción se pronuncie sobre la acción cautelar presentada en diciembre por algueras y pescadores de la caleta Lo Rojas, la Confepach, a través de un escrito, se hizo sumó al recurso.

El documento de los abogados Renato Fuentalba y Roberto Coloma, pide acoger la acción legal que mantiene fuera de funcionamiento Bocamina II, argumentando los daños ambientales que ha causado la termoeléctrica en Coronel.

Hugo Arancibia, asesor de la organización, dijo que optaron por adherir al recurso de protección porque el caso contra Endesa se originó en el fallo logrado por la confederación en la Corte Suprema, dictamen que ha influido en las investigaciones administrativas y judiciales contra la segunda unidad.

Luego agregó que la meta es que la corte penquista ordene a Endesa un Estudio de Impacto Ambiental integral de todo el complejo termoeléctrico.

“No hay dos o tres interpretaciones, no creo que haya un término de llegar a un tipo de arreglo para definir esto, sino que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental de tal manera que si esto no se hace, se de una paralización completa de la empresa ya definitivamente”, agregó.

Cabe recordar que el tribunal de alzada deberá pronunciarse próximamente sobre la acción cautelar luego de recibir todos los informes solicitados, al Servicio de Evaluación Ambietal, a la generadora e incluso a la Fiscalía, que investiga la varazón de recursos marinos en la costa de la localidad del Biobío.

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