Presidente de Corte Suprema busca agilizar procesos de derechos humanos

Coordinar y agilizar los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurrido durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, es uno de los temas que actualmente ocupa la atención del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

Informes oficiales determinaron que durante la dictadura unas 6.000 personas desaparecieron, mientras otras 33.000 fueron sometidas a tortura.

“La Corte Suprema ya desde hace varios años ha adoptado una política creciente de preocupación y de darle la relevancia que corresponde a los temas relacionados con las investigaciones a las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990”, señaló Muñoz en entrevista con EFE.

“Esto ha significado que el ciento por ciento de los procesos de derechos humanos está a cargo de ministros de cortes de apelaciones, con y sin dedicación exclusiva, pero siempre preferente”, agregó.

La idea es que los magistrados que llevan estas causas tengan una mayor coordinación entre sí, compartan información y dispongan de los medios humanos y tecnológicos necesarios para avanzar en las indagaciones y en la resolución de los procesos.

“El objetivo, en definitiva, es que todo lo que hagan los magistrado abocados a estos procesos facilite su gestión, para que ésta pueda ser realizada de la manera más rápida posible y con la mayor calidad”, recalcó Muñoz.

Para los familiares de las víctimas, que han luchado incansablemente por la obtención de verdad y justicia, esta materia es de gran relevancia. En parte, porque debido a la gran cantidad de años transcurridos muchos de ellos se encuentran en estado de avanzada vejez o ya han fallecido sin lograr su objetivo.

Junto con la situación de estos procesos, los tribunales chilenos también han estado bajo el escrutinio público por la percepción de la población de un aumento en la delincuencia, tema que siempre figura en las encuestas entre los que mayor inquietud causa entre los chilenos.

El debate llegó a uno de sus puntos más álgido bajo la anterior administración de Sebastián Piñera, quien acusó a los jueces chilenos de ser “excesivamente garantistas”.

El ministro Muñoz no elude las críticas al funcionamiento de la justicia chilena, pero estima que no se puede responsabilizar a los tribunales del éxito o fracaso de las políticas de seguridad.

“Esa es una interpretación política y no tiene asidero judicial.La cantidad de casos que hoy se concluyen y llegan a una condena es abismante en comparación con lo que ocurría con el anterior sistema procesal penal”, asegura.