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19 de Octubre de 2015

Caso Caval: La Moneda descarta sumario por formateo del computador de Sebastián Dávalos

Inicialmente el gobierno indicó que existía un protocolo de borrado de información de los equipos de funcionarios del Estado. Luego esto se desmintió, y se estableció que el mismo hijo de la Presidenta solicitó que se eliminara la información.

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Han habido una serie de controversias a partir de la bullada renuncia de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, después de que éste se viera involucrado en el caso Caval, donde se investiga la empresa de su mujer, Natalia Compagnon, por un negocio inmobiliario. En este contexto, a través de múltiples declaraciones judiciales, se mencionaron diversas actuaciones por parte del ex director sociocultural de La Moneda, en las que éste podría haberse visto en los negocios de Caval.

Este verano, después de que se publicara la información de la compra de un terreno en Machalí, y en medio de las indagatorias del fiscal de la región de O’Higgins, Luis Toledo, Dávalos debió renunciar.

Más adelante, trascendió un reporte de Carabineros en el que se establecía que el computador del hijo de la Presidenta había sido formateado. Se indicaba, además, que la sofisticación del proceso de borrado de información sería tal, que se barajaba enviar al FBI el equipo.

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El punto es que más adelante, consultado sobre si es que responde a un protocolo establecido el eliminar el contenido de funcionarios de gobierno, como solía serlo Dávalos, particularmente si han sido mencionados en casos judiciales. El ministro Marcelo Díaz, primero indicó que era un procedimiento “regular (…) en general esa información se respalda sólo a solicitud del titular y la información que requiere, de lo contrario son borrados y entregados a nuevos funcionarios”.

Pero se equivocó. En una de las más sustanciosas declaraciones entregadas en la Comisión Investigadora del caso Caval, en la Cámara de Diputados, el jefe de informática de Palacio, Luis Escalona, aseguró que el formateo había sido solicitado por el mismo Dávalos, y que el procedimiento de borrado fue relativamente normal.

Y Díaz reconoció finalmente , al asegurar que recibió información “incompleta”, que se había equivocado con el asunto del protocolo respecto del formateo de computadores.

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Los parlamentarios analizaban denuncias en contra, y también exigieron que se le cursara un sumario en contra del administrador de la casa de gobierno, Cristián Riquelme.

Los diputados de oposición de esta comisión enviaron un oficio indicando que “en el proceso de respaldo de la información del computador, presumiblemente hubo acciones que no se ajustaron al marco reglamentario, lo que hace necesario el inicio de una investigación al interior del servicio para determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

Hoy La Tercera revela que el gobierno desestimó realizar este sumario administrativo, ya que descartan que “toda la información que obra en los computadores de los funcionarios debe ser respaldada una vez que éstos dejan sus funciones, lo que no se condice con la normativa que regula esta materia”.

El oficio cita el decreto 83 de la Secretaría General de la Presidencia, en el que supuestamente se establece que los órganos del Estado deben respaldar información “crítica”. “No existe el deber de respaldar la información personal de los funcionarios almacenada en los equipos una vez que dejan la institución”, reza el escrito.

La diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, lamentó que el gobierno contestara esto, y aseguró que “desestimar una investigación a priori lo único que hace es aumentar las sospechas y fortalece nuestra convicción de que se quieren ocultar irregularidades”.

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