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Actualizado el 9 de Marzo de 2019

Ex fiscal inventó declaraciones contra imputado por abuso sexual

Teresa Gaete quedó en prisión preventiva luego de que el fiscal regional Metropolitano Sur formulara cargos en su contra.

Por Redacción EL DÍNAMO
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Por el delito de falsificación de instrumento público fue formalizada la ex fiscal de San Fernando, Teresa Gaete, quien quedó en prisión preventiva luego de que el fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, formuló cargos en su contra.

El caso se remonta a 2017 cuando la Fiscalía de O’Higgins abrió un sumario administrativo en contra de la ahora ex funcionaria del Ministerio Público, por haber inventado tres declaraciones de testigos para inculpar a un imputado que estaba en prisión preventiva por abuso sexual.

Una vez finalizada la investigación administrativa, el fiscal nacional Jorge Abbott consideró que había antecedentes suficientes para remover a Gaete del cargo e iniciar en paralelo una indagatoria penal que fue derivada al fiscal Guzmán.

Tras meses de diligencias, el persecutor solicitó una audiencia al Juzgado de Garantía de San Fernando para formalizar por el delito de falsificación de instrumento público.

“La falsificación tiene que ver con actas de declaración que se encuentran dentro de una carpeta investigativa, por lo que se trata de instrumentos públicos falsos en cuanto a su elaboración y contenido”, explicó Guzmán.

Agregó que “se han recabado antecedentes que permiten justificar la existencia de los delitos investigados y también presumir fundadamente la participación de la imputada que fue formalizada”.

Además, el fiscal regional Sur subrayó que “lo importante es que se ha realizado una investigación con apego estricto al principio de objetividad, considerando la gravedad de los hechos que fueron denunciados, respetando los derechos y garantías de todas las personas, dando un trato igualitario respecto de la investigada”.

Tras ser formalizada ante el Juzgado de Garantía de San Fernando, la imputada quedó en prisión preventiva, pues se consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal dio un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

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