El Gobierno presentó este martes los detalles del ajuste de contratos con las constructoras, el que busca enfrentar la crisis que vive el sector por los efectos de la pandemia de COVID-19 y el alza en el precio de los materiales.
Las medidas fueron detalladas por el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y su par de Hacienda, Mario Marcel, quienes estuvieron acompañados por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz.
De acuerdo al Ejecutivo, el ajuste de los contratos será voluntario para las empresas y tendrá la capacidad de llegar a 1.400 acuerdos vigentes de obras públicas, lo que involucra a 30 mil empleos en 95 obras con riesgo de paralizar.
“De una primera medida que tomamos fue que el 90% de los contratos que tenemos como Ministerio de Obras Públicas a partir del mes de septiembre pasado, integran un nuevo mecanismo que en el mismo contrato se integra un reajuste en función del valor de los materiales, al alza o baja de los materiales, distribuyendo los riesgos entre el sector público y el sector privado”, detalló el ministro García.
El titular del MOP enfatizó que “este es un reajuste voluntario, por ende las empresas van a tener que expresar su interés, nosotros como MOP no modificamos unilateralmente los contratos, y los contratos tienen hasta el 31 de marzo para expresar su voluntad“.
“El propósito que tiene que no es salvar la empresa propiamente tal, si no salvar los contratos que hoy tenemos en curso”, precisó.
El reajuste se detalló días después que la Justicia decretara oficialmente la quiebra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), firma que tiene más de 30 obras paralizadas con pasivos que superan los 60 millones de dólares, en una crisis que implicaría el despido de 2.500 personas.
De acuerdo a la compañía, uno de los puntos claves de la quiebra es la falta de recursos por cerca de 17 mil millones, los que debían estar disponibles a través del MOP.
