El martes 22 de noviembre, una mujer de 21 años fue encontrada muerta con su cuerpo totalmente calcinado en una quebrada de Quilpué, en la Región de Valparaíso. Las labores de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) determinaron que la víctima se trataba de Michelle Ayala, quien fue estrangulada presuntamente por su pareja.
Las contradicciones en el relato del hombre y su posterior confesión generaron que fuera detenido para que enfrentara a la justicia por un caso que había comenzado dos días antes tras la denuncia de presunta desgracia que había presentado el entorno de la víctima.
Tras ejecutar el crimen, el acusado contactó a un amigo para trasladar el cuerpo. De acuerdo a Alberto Vásquez, jefe de la Prefectura Provincial Valparaíso, posterior a este contacto procedieron a quemar el cadáver para luego llevarlo al sector eriazo del hallazgo.
El imputado que enfrenta la causa como eventual cómplice de este crimen quedó en libertad después de ser revocada su prisión preventiva, en una medida que causó polémica en la zona por la crudeza de los delitos. Diversas agrupaciones de esta ciudad anunciaron movilizaciones durante esta mañana como protesta a esta determinación judicial.
Las razones de la Corte de Apelaciones
La Corte de Apelaciones de Valparaíso explicó la medida mientras sigue la investigación de la muerte de Ayala, quien hasta ese día se convirtió en la trigésima cuarta mujer que muere asesinada bajo el concepto de femicidio durante 2022.
“La pena condigna a esa situación no es susceptible de ser cumplida en forma efectiva. Mantener a una persona en prisión preventiva que va a ser condenada a una pena que no será cumplida en forma efectiva, parece entonces que no es conveniente”, justificó Carolina Figueroa Chandía, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
“La sala estimó que cualquier otra medida cautelar como arresto domiciliario total podría ser suficiente para asegurar la comparecencia del imputado al procedimiento”, complementó.
