La Superintendencia de Educación confirmó que inició una investigación de oficio tras la explosión en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) que dejó más de 30 estudiantes heridos, cinco de ellos en estado crítico, mientras que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que los hechos ocurridos “no pueden ser legitimados como movilización social“.
Al día siguiente del incidente ocurrido al interior de un baño del establecimiento, el titular de la cartera calificó como una situación “de máxima gravedad” la manipulación de bombas molotov en ese lugar.
“Junto con lamentar esta situación, tambien queremos condenar muy enfáticamente los hechos de violencia. Las bombas molotov son un arma con un potencial destructivo“, enfatizó el secretario de Estado.
Al ahondar en el tema, Cataldo manifestó que “no sólo es inaceptable su uso en general, sino que en particular dentro de los espacios educativos, que deben ser considerados espacios protegidos“.
“Las acciones de violencia como las que hemos visto no pueden ser legitimadas como acciones de movilización social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros”, planteó el ministro, quien dijo aseveró que “una cosa es la movilización social legítima en cualquier Estado de derecho, y otra es legitimar las acciones de violencia cuando estas son sin sentido y provocan el daño que estamos evidenciando“.
Superintendencia de Educación investiga explosión en el INBA
Por su parte, el superintendente de Educación, Mauricio Farías, ratificó que inició una investigación de oficio para intentar aclarar lo ocurrido al interior del baño en el INBA.
“Según la normativa, las entidades sostenedoras son responsables de resguardar el bienestar e integridad de los miembros de la comunidad y aplicar protocolos ante situaciones de violencia o accidentes que les afecten, y desde la Superintendencia de Educación tenemos la obligación de fiscalizar que ello se cumpla. Es por esto que hemos ingresado esta denuncia“, explicó Farías.
“Ante hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las comunidades tienen el deber de denunciar y coordinarse con las instituciones a cargo de la seguridad pública, precisamente para resguardar a todos los estudiantes y equipos docentes y asistentes de la educación que se encuentren en el recinto”, enfatizó el superintendente de Educación.
En todo caso, recalcó, “en estos momentos, lo primero es atender la situación de salud de los estudiantes y docentes que se encuentran heridos, pero también desarrollar las acciones de contención emocional que sean necesarias para una comunidad que se encuentra profundamente impactada“.
