El Consejo Nacional de Educación (CNED) cuestionó la propuesta de la ministra María Paz Arzola en la Ley de Presupuesto 2027, donde vincula las evaluaciones nacionales e internacionales a la que son sometidos los estudiantes a la disponibilidad de recursos, además de considerar la autorización de la Dirección de Presupuesto (Dipres) y la Subsecretaría de Educación.
Desde la entidad apuntaron que verán reducidos en un 10% los recursos para desarrollar evaluaciones de aprendizaje, además de poder quedar excluidos de la realización de ciertas pruebas.
Esto, ya que en la norma que se revisa en el Congreso se consigna que “la aplicación de las evaluaciones que conforman el Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales (…) estará sujeta a la disponibilidad de los recursos contemplados en esta ley. Para el año 2027, la Agencia de Calidad de la Educación, mediante una o más resoluciones visadas por la Subsecretaría de Educación y por la Dirección de Presupuestos (Dipres), determinará las evaluaciones que se aplicarán en dicho período”.
La preocupación radica en que es el CNED el encargado de aprobar el plan de evaluaciones del Ministerio de Educación, elaborado a partir de lo propuesto por la Agencia de Calidad de la Educación.
Desde el Consejo plantearon que esto respondería a una intención del Mineduc de afectar sus atribuciones, luego que rechazaran la intención de la cartera de María Paz Arzola de eliminar algunas pruebas Simce, apuntando a recortes presupuestarios, detalló La Tercera.
En el organismo no gustó que el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, se reuniera con ellos para analizar el proceso de evaluaciones 2027-2032, sin detallar que estas pruebas estaban vinculadas a la disponibilidad presupuestaria.
Ante este escenario, María Budge, presidenta del CNED, envió un oficio a los senadores de la Comisión de Educación y de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos para mostrar su preocupación por esta glosa presupuestaria.
“A juicio del Consejo, esta disposición compromete la institucionalidad del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y el rol técnico que la ley asigna a este Consejo”, precisó Budge.
“Hoy, modificar las evaluaciones del plan exige un decreto supremo, previo informe favorable de este consejo; con la glosa, bastaría una resolución de la agencia. De este modo, una decisión de contenido técnico quedaría sujeta a la visación de un organismo cuya competencia principal es de carácter presupuestario”, puntualizó.
La incorporación de la Dipres “en una decisión técnica y establece, en los hechos, un sistema de gobernanza distinto del que diseñó el legislador, con lo que se debilita el rol del Consejo Nacional de Educación”.
En esta línea, “las decisiones sobre qué evaluar no pueden fundarse únicamente en la disponibilidad de recursos, sino primordialmente en la información que el país necesita para mejorar los aprendizajes de todos sus estudiantes, considerando asimismo la factibilidad de su implementación”.
