El Tercer Tribunal Ambiental condenó a las empresas y responsables de cuatro proyectos de parcelas de agrado en el borde costero de Valdivia, cerca de Niebla, por daños al suelo derivados de intervenciones en los terrenos.
El fallo, dictado tras una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ordena implementar medidas de reparación en un plazo de 60 días, entre ellas controlar la erosión, recuperar la vegetación nativa y diagnosticar el riesgo de remoción en masa.
Condenan a inmobiliarias por daño ambiental en Valdivia
La sentencia afecta a Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda. e Inversiones e Inmobiliaria Pilolcura, además de su representante legal, Carmen Delgado Monsálvez; el socio Luis Daniel Pino Díaz, y Luis Emilio Pino Delgado, propietario de los terrenos y operador de los proyectos.
Según consignó Meganoticias, la causa comenzó en enero de 2022 y contó con la participación de la Municipalidad de Valdivia, comunidades mapuche lafkenche y organizaciones comunitarias.
Entre los hechos analizados se encuentran la tala de bosque nativo sin plan de manejo, la remoción de tierra y la construcción de caminos e infraestructura eléctrica.
De acuerdo a los antecedentes presentados por el CDE, en el sector se eliminaron especies como canelo, melí, luma, olivillo, ulmo, coihue y arrayán, además de al menos 12 hectáreas de vegetación exótica, principalmente espinillo.
Los proyectos involucrados son Cutipay I, Cutipay II, Canelales y Pilolcura, este último con una superficie de 400 hectáreas divididas en 120 lotes.
Como parte de la reparación, los condenados deberán recuperar la cobertura vegetal con especies nativas y restablecer el acceso al sendero Pililín para la comunidad del Título de Merced Félix Alba. Para ello, deberán conformar una mesa de trabajo, formalizar los acuerdos ante notario e informar a los compradores de las parcelas, gestionando las autorizaciones que sean necesarias.
El futuro de los loteos dependerá del cumplimiento de la sentencia y de la situación ambiental de los proyectos. Además, está pendiente una reclamación presentada por las empresas contra una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que exige su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya audiencia quedó fijada para noviembre.
