Cámara despacha proyecto para perseguir narcotráfico y crimen organizado
El proyecto de ley que ahora será revisado en el Senado inhabilita a autoridades que usan drogas ilegales y redefine el uso de los bienes incautados a las bandas.
Por Hernán Claro
La aprobación de la Cámara fue celebrada por el ministro del Interior (s), Baldo Prokurica. (Agencia UNO/Archivo).
Con 110 votos a favor, 11 en contra y 18 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que mejora la persecución penal del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.
La normativa, según explicaron los parlamentarios en el Congreso, también busca regular el destino de los bienes incautados a autores de estos delitos y fomentar una correcta rehabilitación y reinserción social de los mismos.
En el caso de las incautaciones, hasta el momento, la legislación busca que esos recursos sean traspasados a las policías y organismos encargados de perseguir el narcotráfico. El proyecto que ahora será revisado por el Senado también castiga con mayor severidad el uso de menores de edad para cometer delitos por parte de bandas criminales.
Al respecto, desde el Gobierno, el ministro del Interior (s), Baldo Prokurica, agradeció la aprobación del proyecto y dijo que será una pieza clave en la lucha “contra una de las principales plagas que tiene el país: el narcotráfico”.
“Damos un paso extremadamente importante para los efectos de luchar contra el narcotráfico y lo hacemos con una votación muy sólida en el Parlamento”, destacó Prokurica.
Inhabilidades a autoridades
Otro de los puntos más destacados de la iniciativa es que contempla inhabilitar a autoridades del país para ejercer sus cargos si presentan dependencia a sustancias ilícitas como drogas, estupefacientes o psicotrópicos no recetados por su respectivo médico tratante.
Para conseguirlo, la legislación modifica la Ley de Drogas, el Código Orgánico de Tribunales y las Leyes Orgánicas Constitucionales del Congreso Nacional, de Bases Generales de la Administración del Estado, de Gobierno y Administración Regional, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público y del Banco Central de Chile.
De aprobarse en la Cámara Alta, la medida regirá para el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, diputados y senadores, delegados presidenciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes, concejales, los integrantes del Tribunal Constitucional, el fiscal nacional, fiscales regionales, altos miembros del Banco Central y miembros del Poder Judicial.
Adicionalmente, también se quiere cambiar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para prohibir los aportes en campañas de personas naturales formalizadas por delitos relacionados al narcotráfico.
Por último, los formalizados e investigados por este tipo de causas no podrán ser candidatos a ningún tipo de elección popular.
