El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de Karina Oliva, cuestionó el allanamiento de la sede de Comunes, indicando que el operativo de Carabineros no se ajustó a derecho.
Esto, ya que expresó que el allanamiento se concretó por una factura de $50 millones emitida por Sport Management, compañía que nunca entregó algún servicio a Oliva.
Sin embargo, Manríquez explicó a Emol que esa factura no existe y que nunca fue rendida al Servicio Electoral (Servel) en su campaña como gobernadora metropolitana.
El abogado de Oliva planteó que “se dice que se habría hecho necesario golpear esa puerta, con un equipo de reacción estratégica o táctica como es el Gope, en medio de una elección democrática, basándose en que habría un supuesto proveedor inexistente, incluida en la cuenta electoral, una factura de $50 millones que su proveedor ni reconoce”.
“Eso es extremadamente grave, puesto que al fundar de esa manera la fiscalía su petición de ingreso, no chequeo ni verificó, o bien la fuente en la cual se basó, tampoco revisó que esa factura no existe”, agregó.
Juan Carlos Manríquez precisó que el allanamiento no fue supervisado por el Ministerio Público y debió ser concretado por el OS-7 y no por el Gope.
“Desde todo punto de vista era posible obtener la información que se dice habría en esa sede, de otra forma. Llamó la atención que la orden del juez fue expuesta expresamente para cumplirse en 24 horas por el OS7 de Carabineros y no por el GOPE (…) Hay que explicar cómo un grupo de esa especialidad terminó rompiendo las puertas de un partido, donde además se había dicho que tenía que buscar la información en el domicilio de la señora Oliva, además incautar información pertinente”, puntualizó.
