Convención confirma que no solicitará extender plazo al Congreso
De acuerdo a la mesa de la instancia, seguirán trabajando para tener listo un borrador final el próximo 5 de julio.
Por Hernán Claro
Hasta el momento la Convención ha aprobado 130 normas. AGENCIA UNO/ARCHIVO
En medio de una rueda de prensa, la mesa de la Convención Constitucional dirigida por su presidenta, María Elisa Quinteros, y el vicepresidente, Gaspar Domínguez, confirmó que no solicitará al Congreso extender el plazo de redacción de nuestra nueva Carta Magna.
Por el contrario, Domínguez comentó que el borrador de la Constitución será entregado el 5 de julio del 2022, cuando se cumpla un año desde la instalación de la Convención.
Domínguez cerró la puerta a extender el periodo y evidenció que “el cronograma es claro y explícito: tiene como fecha de término y entrega del borrador el 5 de julio. Esa será la fecha de entrega. En consecuencia, tiene como efecto evidente que no habrá ninguna solicitud de modificar ese plazo”.
La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, también descartó solicitar al Congreso extender el periodo, ya que “tenemos distintas etapas y lo importante es que estamos pensando siempre en las mejores propuestas para el país, buscando los amplios acuerdos que van en pro de un proyecto de sociedad que sea mucho más plural”.
Convención continuará votación de normas
De acuerdo a Gaspar Domínguez, durante las próximas semanas el pleno de la Convención Constitucional seguirá votando las propuestas de norma, de las cuales se han aprobado 130, hasta el momento.
“Vamos a seguir consensuando normas y finalmente, cuando estemos a mediados de junio, todas las normas juntas, que estarán aprobadas, van a ser armonizadas y ordenadas para que podamos tener la propuesta de texto constitucional a principios de julio, la propuesta que vamos a presentar ante el presidente de la República para que pueda convocar un plebiscito”, agregó.
En marzo de este año el pleno de la Convención aprobó la extensión del plazo que estipula el artículo número 137 de nuestra Constitución, donde se indicó al inicio del proceso que el plazo sería de nueve meses con la posibilidad de ampliarlo a un año.
