“Los jóvenes de la Universidad Andrés Bello, esas pobres personas que están ahí, que han sido violadas sistemáticamente, el Estado no les da respuesta”, agregó.
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El video explica que el Estado podría triplicar sus recursos beneficiando a unos 720 mil estudiantes, y así el 100% de la gratuidad podría alcanzarse antes del 2020.
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Sin embargo, Roxana Pey dejó en claro que no renunciará, ya que "la ministra de Educación no tiene la atribución para lo que está haciendo" y que cuenta con el apoyo del Consorcio de Universidades Estatales.
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No se puede desaprovechar este proceso para desinstalar el CAE, dado que, finalmente, representa un mecanismo no sólo de endeudamiento propio de una lógica donde la educación es desarrollada como bien de mercado, sino que, de hecho, terminó afectando directamente a la mayoría de los estudiantes de la educación superior, hipotecando sus posibilidades de comenzar la construcción de su proyecto de desarrollo personal, poniendo en riesgo sus propios sueños de transformación social.
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Junto con ello, dieron a conocer un petitorio de dos puntos, que en caso de no ser considerado por las autoridades, "la rebelión de los deudores se hará realidad y no pagaremos más nuestros créditos".
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La integrante de la Comisión de Educación de la Cámara se cuadró con el movimiento Deuda Educativa, señalando que el crédito fiscal "en vez de mejorar sus condiciones de vida después de haber estudiado, la verdad es que las empeoraron".
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"Éste es el último gran proyecto que no se había presentado, y nos queda todavía un año y medio para sacarlo", explicó.
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Los fondos que se obtienen del Crédito con Aval del Estado, según Rodrigo Valdés, están destinados al avance de la gratuidad.
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Esto es para aquellos que actualmente se encuentran pagando el préstamo universitario que recibieron durante sus años como estudiantes de la educación superior o para quienes comenzarán a pagarlo antes de abril.
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El plazo del beneficio se vence el próximo lunes, y permitirá a los deudores pagar solo el 10% de su renta bruta.
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