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12 de Abril de 2017

Arzobispado en la mira: víctima denuncia haber sido violado por sacerdote que murió de Sida

El cardenal Ricardo Ezzati se enteró de esto el pasado 31 de enero y respondió al respecto que "el Arzobispado de Santiago no tiene jurisdicción en el caso".

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A la demanda que se dio a conocer la semana pasada de la hermana Francisca, quien en 2012 fue violada en un claustro en el centro de Santiago y a raíz de esto quedó embarazada, una nueva acción judicial remece al Arzobispado de Santiago.

De acuerdo a lo revelado por Emol, el documento fue interpuesto el pasado mes de diciembre en el 10° Juzgado Civil de Santiago por la víctima de iniciales O.M.M., hoy de 49 años, quien acusa el presunto abuso sexual de parte del sacerdote Víctor Calderón Soriano, miembro de la Congregación Mercenarios de la Iglesia de la Merced, quien falleció en 2012.

Allí, indican que “ni la Congregación ni el Arzobispado vigilaron jamás de manera adecuada el comportamiento de sus miembros, ya que de haber sido así, se hubiesen enterado que el sacerdote padecía sífilis y Sida. Y en consecuencia, estos hechos jamás hubiesen ocurrido”.

La víctima relató que todo ocurrió el año 2005 cuando realizó trabajos en la iglesia de La Merced de Chimbarongo. “Arreglé unas canaletas que estaban chuecas y limpié las hojas del techo. Luego, cuando comenzó a anochecer, el sacerdote me dijo que volviera otro día”, señaló, y posteriormente el religioso le ofreció un café, pero luego le propuso beber “unas piscolas”.

“Bebí alrededor de cuatro vasos (…) cuando regresé del baño, el cura ya me había servido el quinto. Seguimos conversando y después no me acuerdo de nada más, creo que fui drogado ya que me sentía bien y de un momento a otro, ya no recordaba nada“, consigna el documento. Cuando despertó, se dio cuenta que estaba desnudo en la cama del sacerdote, con claros signos de haber sido abusado sexualmente.

Tras el episodio, reveló que “me sentía sucio, me daba asco a mí mismo, sentía que no valía nada, que todos sabían lo que me había pasado y me daba vergüenza salir a la calle. Estuve así dos semanas, muy mal, sin saber qué hacer” y que a raíz de todo esto “me volví alcohólico (…) estuve casi dos años tomando todos los días, vendí todo lo que tenía de valor, perdí mi trabajo, me endeudé y quedé prácticamente en la calle”.

Aún así, intentó en varias oportunidades encarar a Víctor Calderón, pero se rehusaba a recibirlo. “Siempre me dio miedo hacer la denuncia, porque toda mi familia se iba a enterar (…) pensé que iba a perjudicar a mis hijos y que se iban a burlar de ellos. Esto me llevó a callar los hechos”, dijo.

En 2012, “y con el apoyo de mi familia, decidí hacer la denuncia ante los superiores de la Congregación Mercedaria“. Allí, y a solicitud del padre Ramón Villagrán -uno de los consejeros-, se realizó una serie de exámenes médicos.

“Después de dos semanas, cuando me llamó, me dijo que uno de los exámenes arrojó que padecía sífilis y que el sacerdote Víctor Calderón había fallecido el 26 de junio de 2012 producto de ello, y que también padecía Sida (…) El padre sabía de las enfermedades del cura y por eso insistió en que me controlara”, afirmó, por lo que le propusieron “una pensión de por vida y el compromiso que la Iglesia se haría cargo de mí todos los meses, como forma de reparar el daño que uno de sus miembros había ocasionado”.

El monto que recibiría sería de $100 mil pesos mensuales, con el fin de no presentar denuncia alguna y comprometiéndose a entregar asistencia psicológica. Los pagos se concretaron en dos cheques y luego, a través de cinco depósitos a su cuenta bancaria, pero de un momento a otro dejó de recibirlo, con el fin de ventilar lo que había ocurrido.

El cardenal Ricardo Ezzati se enteró de la demanda el pasado 31 de enero, pero aseguró al respecto que “los supuestos hechos que sustentan la acción civil habrían ocurrido hace más de diez años fuera de la Arquidiócesis de Santiago, y el presunto autor de los mismos -ya fallecido- no pertenecía a los sacerdotes de esta arquidiócesis“. Por lo que “el Arzobispado de Santiago no tiene jurisdicción en el caso”.

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