Nueva ley de matrículas y deudas enfrenta sus primeras disputas en colegios

La Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio respecto al conflicto entre apoderados y sostenedores del Colegio Calasanz respecto a la eventual suspensión de matrículas por deudas.

Apoderados del Colegio Calasanz protestando en las afueras del establecimiento. Foto: Agencia Uno
Apoderados del Colegio Calasanz protestando en las afueras del establecimiento. Foto: Agencia Uno
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Una protesta en el Colegio Calasanz de Ñuñoa puso a prueba por primera vez la nueva ley que obliga a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados a no negar las matrículas de los apoderados que posean deudas generadas debido a la crisis del coronavirus.

Los apoderados del recinto, que pertenece a la Orden Religiosa de los Padres Escolapios, afirmaron que no se les estaba permitiendo inscribir a sus hijos por tener mensualidades impagas, lo que incumpliría la nueva legislación, que garantiza la continuidad de los estudios de los alumnos y obliga a una repactación de los montos impagos.

Desde el recinto negaron esta acusación y aseguraron que se estaban preparando para llevar a cabo esta nueva normativa. La Superintendencia de Educación, en tanto, ingresó una denuncia de oficio para recibir mayores antecedentes respecto a lo ocurrido en el colegio ñuñoíno respecto a la eventual suspensión de matrículas por deudas.

La visión de la Superintendencia de Educación

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El superintendente de Educación, Cristián O’Ryan. Foto: Superintendencia de Educación.

Una vez que se hicieron públicas las denuncias en contra del Colegio Calasanz, la entidad gubernamental que trabaja por el aseguramiento de la calidad en la enseñanza básica y media tomó cartas en el asunto y entregó algunos puntos aclaratorios de la nueva normativa.

El superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, planteó que la ley 21.290 señala expresamente que “no se puede cancelar la matrícula a un estudiante o familia que haya sufrido un deterioro económico durante la pandemia y que haya suscrito un plan de pago con el establecimiento”.

“Los colegios tienen el plazo de un mes para tener estos nuevos planes y ofrecerlos a las familias. Estos planes tienes ciertas condiciones mínimas: se pueden repactar las cuotas de 2020 en 2021 y estas no pueden tener ni multas ni intereses“, señaló.

O’Ryan afirmó además que si algún padre o apoderado siente que su colegio no cumplió con la ley puede ingresar una denuncia en la web de la superintendencia.

Otro de los elementos destacados es que si bien muchos establecimientos adelantaron su proceso de matrícula (para definir los cupos para 2021), los alumnos pueden ser inscritos hasta fin de año, por lo que el proceso de repactación podría desarrollarse durante este tiempo.

La ley y sus complicaciones

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La manifestación en el Colegio Calasanz. Foto: Agencia Uno

La normativa que prohíbe el rechazo de las matrículas a los apoderados con deudas generó un intenso debate, pese a que en su tramitación en el Congreso Nacional tuvo un apoyo prácticamente transversal entre oficialismo y oposición.

Desde los sostenedores de los establecimientos particulares advirtieron que esta medida agudizaría aún más la crisis que están viviendo desde marzo de este año, ya que la falta de financiamiento inmediato por la repactación de las deudas les iba a quitar la espaldas financieras necesarias para asegurar la viabilidad de su proyecto educativo.

Patricio Abarca, director de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor, coincidió con que esta es una de las mayores dificultades de la nueva legislación, que no tomaría el impacto de los diferentes actores del sistema.

“Esta ley tiene su polo en el derecho de la educación, lo que claramente es fundamental. Pero el problema es que no considera otros aspectos. La ley se hace cargo con que se puedan repactar las cuotas, pero no de cómo los establecimientos educacionales se van a poder mantener en este tiempo”, señaló el académico a EL DÍNAMO.

El experto señaló además que algunas de las dificultades que tendrán los colegios y apoderados para negociar su programación de pagos serán los “múltiples frentes” que tiene que abordar la ciudadanía en el plano económico, por lo que el cumplimiento de lo pactado siempre queda sujeto a ciertas dudas.

De todos modos, el profesor señaló que la medida sí apunta en una buena dirección en el aspecto pedagógico, ya que asegura la mantención de un proceso que resulta clave para los estudiantes.

“Claramente, desde el punto de vista del derecho a la educación, la ley es muy positiva. Da oportunidad a la continuidad de los alumnos con el grupo de pares -compañeros y amigos- y la mantención de un ambiente conocido. Eso ayuda mucho a un aprendizaje integral”, señaló.

Abarca señaló que la ley está centrada “en la necesidad superior de conservar el proceso educativo de los alumnos”, pero planteó que un mayor apoyo económico de parte de las autoridades a las familias podría ser clave para evitar que la falta de recursos se traspase a los colegios y ponga en peligro su existencia. 

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