Universidades presentaron recurso contra Corfo por Instituto de Tecnologías Limpias

Ocho casa de estudios nacionales acusaron una modificación intempestiva de criterios de evaluación, y actos arbitrarios en el proceso de licitación.

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Foto: Agencia Uno
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Ocho universidades nacionales presentaron durante esta semana un recurso de protección contra la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) por la licitación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), el que fue adjudicado a un consorcio liderado por el grupo estadounidense Associated Universities, Inc. (AUI).

Las casas de estudio solicitaron una orden de no innovar y suspender el proceso de licitación, apuntando a que no se realizó conforme a lo legal, incurriendo en faltas como modificaciones intempestivas de criterios de evaluación, modificaciones del contrato que no fueron notificadas a las partes, desconocimiento de la opinión de los expertos extranjeros, evaluación irregular de las propuestas presentadas y otros actos arbitrarios.

En paralelo, el recurso de las universidades acusó integración irregular de la comisión evaluadora, puntualizando que de los 5 miembros totales de la comisión, 4 de ellos no tenían conocimiento previo en la temática a evaluar, y precisamente fueron ellos quienes acordaron prescindir de las recomendaciones de los expertos internacionales que la propia Corfo resolvió contratar de conformidad a las bases.

Las instituciones que presentaron la acción legal pertenecen a un consorcio que participó de la licitación, el que participaron la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción, Universidad de Antofagasta, Universidad Católica del Norte, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad Adolfo Ibáñez.

El controversial concurso nació del acuerdo firmado entre Corfo y SQM, que comprometió un  aporte de recursos de hasta US$193 millones, y que, según estipula el recurso de protección presentado por las universidades; al ser parte de una salida judicial ante un caso de fraude al fisco, estos recursos deberían ser considerados como públicos. 

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