Tras el anuncio presidencial de la Estrategia Nacional del Litio, este lunes tuvo lugar una reunión protocolar entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), como titular de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama, y SQM, una de las dos empresas con las que la agencia estatal mantiene contratos de arrendamiento y explotación de litio.
En las oficinas centrales de la corporación, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, recibió al gerente general de SQM, Ricardo Ramos, con quien abordó los contenidos generales de la Estrategia y en especial lo relativo a la explotación futura del Salar de Atacama.
En la reunión, Benavente remarcó que “el compromiso del gobierno y de Corfo es el respeto absoluto de los contratos vigentes”, que en el caso de SQM rige hasta 2030. A partir de ello, explicó, el Ejecutivo plantea que el Estado, a través de una filial de Codelco, se integre a las actividades de explotación del litio en el Salar, ojalá antes de 2030, lo que ve como una muy buena oportunidad para el desarrollo del país.
Con este fin, explicó que Corfo mandatará próximamente a Codelco a negociar con SQM un modelo de asociación público-privada en el que, asegurando que haya beneficios para todas las partes, el Estado tenga una participación mayoritaria en la operación.
“Este mandato debiera materializarse durante mayo, permitiendo con ello el inicio de las negociaciones entre ambas empresas. Si bien Corfo no participaría directamente en estas conversaciones, estará permanentemente monitoreando su avance y establecerá las condiciones básicas de explotación que espera para el futuro en el Salar”, dijo Benavente.
El vicepresidente ejecutivo de Corfo insistió en que para la operación del Salar de Atacama se mantendrá la misma lógica que se ha tenido hasta ahora, es decir, que Corfo seguirá siendo la dueña de las pertenencias mineras y que estas se explotarán a través de uno o más contratos de arrendamiento, como los que existen hoy con SQM y Albemarle.
“En el futuro contaremos con empresas en alianza público-privada pero con mayoría estatal y con contratos de operación que incorporen mayores exigencias de cuidado medioambiental, mediante la implementación de tecnologías de extracción cada día más sustentables, manteniendo como mínimo los beneficios que hasta hoy recibe el Estado, a través del canon de arriendo, los gobiernos regional y local y las comunidades del entorno del Salar, además de los compromisos de aportes para I+D y cuotas reservadas para el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en Chile”, explicó Benavente.
“En el momento oportuno vamos a contactar a Codelco para iniciar conversaciones y esperamos lograr un acuerdo que sea bueno para el país, para la Región de Antofagasta, las comunidades y para las empresas”, agregó.
