La defensa del ministro de Educación, Raúl Figueroa, decidió no invocar la cuestión previa en su acusación constitucional, por lo que la Cámara de Diputados pasará directo a discutir el fondo del libelo impulsado por la oposición.
La llamada cuestión previa le daba la oportunidad a Figueroa de cuestionar su la acción contaba o no con las condiciones reglamentarias para llevarse a cabo. De hecho, si se hubiese invocado y aprobado por los legisladores, el proceso habría llegado rápidamente a su fin.
Con esta decisión se dieron cuenta de los argumentos de los acusadores, los que fueron entregados por la diputada Camila Rojas (Comunes), quien apuntó a una eventual infracción u omisión de las leyes por parte de la autoridad a la hora de buscar el retorno a clases presenciales en medio de la pandemia de COVID-19.
“La defensa del ministro se ha esforzado en desviar la atención señalando que quienes apoyamos esta acusación nos oponemos a la presencialidad o cuando reconoce falencias en el sistema educativo traspasa las responsabilidades. Ambas maneras de afrontar la acusación son derechamente una falta de respeto”, expresó.
Jorge Gálvez, abogado de Figueroa, señaló que “por esfuerzo que hagamos, no encontramos en la acusación constitucional imputaciones de comportamientos precisos dirigidos al señor ministro. No encontramos tampoco la identificación de mandatos y deberes imputados al ministro”.
“Se intenta salvar esta ostensible omisión sobre la base de establecer deberes generales. (…) Ninguno de ellos alcanza el estándar necesario para afirmar una infracción de aquellas para llevar el ejercicio legítimo de esta acción punitiva”, complementó.
El libelo será votado durante esta misma jornada en medio del suspenso sobre la determinación de algunos diputados de la DC, que se inclinarían por rechazarlo.
