Postulación de Contralor en riesgo por cuestionamientos y falta de apoyo de parlamentarios

“El gobierno fue bastante desprolijo, no hace bien la pega y presenta a alguien con cuestionamientos”. Esa es la opinión del senador Pedro Araya (independiente) respecto de la postulación que la administración de Michelle Bachelet hizo del abogado y asesor del Ministerio de Vivienda, Enrique Rajevic, para que éste encabece la Contraloría General de la República.

La vacancia en el organismo se generó en abril de este año después de que terminaran los 8 años de Ramiro Mendoza, y éste no es un cargo menor, ya que el Contralor debe -entre muchas otras cosas- velar por la probidad y el correcto funcionamiento administrativo del Estado, revisar la legalidad de cualquier pronunciamiento realizado en la administración pública, y fiscalizar tanto los ingresos como la inversión de los fondos del fisco.

Sin embargo, los problemas empezaron desde ayer temprano, tras el envío del boletín en el que la mandataria postuló el nombre de Rajevic.

Uno de los cuestionamientos apuntan a uno de los males endémicos de la actual administración: la falta de diálogo y consulta en los nombramientos. El senador Alfonso de Urresti (PS), indicó a El Mercurio que “son muchos los senadores sorprendidos por la falta de diálogo para poder consensuar un nombre que, recordemos, tenía que ser académico”.

No es primera vez que las colectividades que integran la Nueva Mayoría se quejan de que el Ejecutivo no les consulta por antecedentes o eventuales candidatos para este tipo de cargos. El problema del chequeo de antecedentes surgió incluso antes de que Bachelet asumiera su segundo gobierno. Por ejemplo, quien fuese nominado como Subsecretario de Bienes Nacionales, Miguel Moreno García, fue sancionado por la Justicia en diciembre del 2011, de acuerdo a los antecedentes presentados por la Fiscalía Oriente, por haberle tocado “los glúteos” a una mujer en el Metro. O también lo ocurrido con Claudia Peirano, que iba a estar en la subsecretaría de Educación. Ello finalmente no ocurrió porque Peirano se había pronunciado en contra de la gratuidad en la educación a través de una carta, y también se sumaron sus vínculos comerciales con su ex marido, Walter Oliva, sostenedor de una cadena de colegios subvencionados y ha defendido el lucro.

No obstante, el fantasma que más pesa en el Ejecutivo respecto de “desprolijidades”en nominaciones es lo ocurrido con el ex ministro secretario general de la presidencia, Jorge Insunza.

El ex parlamentario alcanzó a durar poco menos de un mes en el cargo ya que éste prestó asesorías a empresas mineras mientras integraba la comisión del ramo. Si bien actuó dentro del marco de la legalidad, como siempre argumentó, el contexto actual del país y sus críticas a este tipo de prácticas hizo inviable su continuidad en el cargo. El gobierno se defiende del asunto relativo a haber planteado con antelación el nombre, ya que aseguran que su postulación se habría estado planteando desde hace tres semanas, directamente encabezada por el ministro Jorge Burgos. La determinación de nominarlo, en todo caso, habría respondido a la presión por definir cuanto antes un nombre, según plantea La Tercera.

Otra duda gira en torno a una demanda que cursó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su contra a causa del incumplimiento de las condiciones de una beca que recibió para perfeccionarse en España.

Era una beca “Presidente de la República”, que Rajevic debía utilizar para cursar un Doctorado en Derecho de la Universidad Carlos II, en Madrid, entre el 2000 y el 2003. Rajevic regresó a Chile el 2004, según los antecedentes que ayer entregó el Ministerio del Interior, sin haber terminado su tesis. Trabajó en la Universidad Alberto Hurtado, pero en paralelo se desempeñó en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la Agenda de Transparencia y Probidad. El 2010 el CDE le informó que presentaría una demanda por no haber terminado su tesis, pero quien le dirigía su tesis habría autorizado el ingreso de ésta en septiembre del 2010, para que ésta terminara aprobada a mediados de junio del 2011, ya que la defensa se aplazó a causa de la muerte del padre de Rajevic. Los mismos antecedentes de la secretaría de Estado afirman que Rajevic nunca fue notificado de la demanda, la que se archivó tras la lectura de su tesis, trámite que daría por cumplidas las condiciones de la beca entregada.

De todos modos, una de las más críticas fue la senadora de Amplitud, Lily Pérez, quien profundizó en los antecedentes de la beca y aseguraba ayer que ésta finalmente no se pagó -como exigía el libelo inicialmente presentado- sino que la acción civil quedó prescrita.

Otro punto, principalmente impulsado por la oposición al gobierno, es la supuesta falta de independencia de Rajevic. El abogado es simpatizante de la Democracia Cristiana, actual asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, habría realizado donaciones a la campaña política de Michelle Bachelet y además, según publica hoy The Clinic, tendría vigente un contrato con la subsecretaría de Hacienda para entregar servicios de “Estudios y Asesoría Técnica en Materias Referidas a Empleo Público para el Cumplimiento del Protocolo de Acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno de Chile año 2015”. El pago total planteado por el contrato se alza por los 24 millones de pesos y se irá concretando en la medida que se cumplan una serie de hitos. Por punto resuelto recibirá un pago de 3 millones de pesos.

Uno de los principales impulsores del nombre, el ministro de Interior, Jorge Burgos, visiblemente frustrado, intentó ayer desechar todo tipo de críticas al nombramiento. Indicó que el abogado tendría todos los méritos y respecto de su falta de independencia ironizó que “bueno, habría que traerlo de Marte, entonces”.

Son errores muy similares que el gobierno ha cometido con nombramientos anteriores, y es una pelea por lo bajo difícil para la actual administración. Si bien hubo molestia en el PPD, el senador Guido Girardi ayer manifestó que como partido apoyarán el nombramiento. Y esto no por convicción respecto de la postulación, sino por “una señal clara de respaldo a la Presidenta”, como indicó el parlamentario.

Su nombre requiere ser ratificado por 22 votos en el Senador, y existe un plazo de 30 días para este proceso. Hasta anoche, el gobierno disponía con 18 votos de la Nueva Mayoría, a causa de la ausencia del senador Fulvio Rossi, y por la determinación de rechazar la propuesta por parte del senador Araya. Alejandro Guillier condicionó su voto: si la acción civil y la deuda por la beca prescribió, votará en contra. Hernán Larraín (UDI) analizará su voto, pero todo indica que lo hará a favor, ya que Rajevic fue ayudante suyo en la Universidad Católica. Se viene cuesta arriba esta discusión.