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13 de Enero de 2016

Ministerio de Transportes apoya proyecto para implementar narcotest a automovilistas

Si bien la norma considera como infracción el consumo de drogas, en la actualidad no existe alguna herramienta concreta para fiscalizar esta situación, cosa que sí ocurre con el alcotest.

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Andrés Gómez-Lobo, ministro de Transportes, comprometió el apoyo de La Moneda al proyecto de acuerdo presentado por un grupo de diputados que busca la aplicación de narcotest a automovilistas.

La iniciativa apunta a dejar en evidencia un vacío presente en la Ley Emilia, la cual en 2014 endureció los castigos para los conductores que provocaran lesiones graves o muertes bajo la influencia del alcohol.

Si bien la norma considera como infracción el consumo de drogas, en la actualidad no existe alguna herramienta concreta para fiscalizar esta situación, cosa que sí ocurre con el alcotest.

“El combate al consumo de drogas en la Ley Emilia lamentablemente hoy es letra muerta. Actualmente los únicos conductores controlados (por drogas) en Chile son quienes ya han fallecido, y eso es algo que no puede seguir ocurriendo”, declaró el diputado DC Sergio Espejo a radio Cooperativa.

Por su parte, el titular de Transportes sostuvo que “como Gobierno y a través de la Comisión Nacional de la Seguridad de Tránsito llevamos varios meses trabajando en una mesa con el Ministerio de Salud para desarrollar la nueva normativa que requerimos para el control de los narcóticos en la conducción”.

“Vamos a ir avanzando este año en establecer la base legal y también examinar la posibilidad de hacer algún piloto para controlar a los conductores que manejan bajo la influencia de las drogas”, agregó.

Por su parte, desde la Fundación Emilia destacaron que “es importante que efectivamente el Estado adquiera los narcotest e incorpore las medidas técnicas necesarias”.

“Hace falta que efectivamente las leyes que se aprobaron sean medibles a través de instrumentos, no puede ser que se conviertan en letra muerta. Es muy doloroso que la Ley Emilia, que nos costó tanto sacar en el Congreso, una de sus partes sea letra muerta porque no existen los instrumentos para medir. Eso es una burla para las víctimas, y esperamos que el Estado mejore esta situación y responda a nuestro derecho social de justicia”, declaró Carolina Figueroa, madre de la pequeña Emilia Silva y presidenta de la Fundación.

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