Trabajadores de lavandería de Escuela Militar ganan demanda laboral por despidos injustificados
Tras acoger la demanda y acreditar el despido injustificado, la empresa y solidariamente la Escuela Militar deberán pagar en total cerca de $100 millones a trabajadores de lavandería.
Por Noemí Arcos
Por despido injustificado y para exigir el pago de su indemnización por despido, 15 ex trabajadores demandaron a la empresa Lavados G y G Ltda. y, solidariamente, a la Escuela Militar.
El vínculo entre la empresa de lavandería y la escuela matriz es antiguo y conflictivo. Hace más de 20 años, la Escuela Militar decidió externalizar el servicio de lavado de ropas a la sociedad Lavados G y G, quien se la adjudicó mediante licitación.
Dicha empresa pertenece a Germán Korff Pfeiffer, quien, según una publicación de Ciper, mantenía una estrecha relación con el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba.
Entre 2010 y 2014, años en los que Juan Miguel Fuente-Alba se desempeñó como la máxima autoridad del Ejército, la lavandería de Germán Korff obtuvo ingresos por $1.288 millones con esa rama de las Fuerzas Armadas.
Según las órdenes de compra mensuales disponibles en Mercado Público, Lavados G y G ha prestado servicios, además de a la Escuela Militar, al Comando de Educación y Doctrina, al Comando de Bienestar, al Estado Mayor General, a la Comandancia en Jefe, entre otros.
Fuentes conocedoras del caso aseguran a El Dínamo que la empresa señaló que tenía otros clientes además de la Escuela Militar, pero no otras dependencias para realizar esos trabajos. Es decir, hacía uso de un recinto fiscal para su labor. En su argumentación, la empresa habría señalado que tendría medidores de agua y de luz separados para cada uno de sus clientes, situación que no se pudo acreditar.
Según se lee en la demanda, los trabajadores demandantes se desempeñaban como operarios para la empresa de lavados en dependencias de la Escuela Militar, algunos de ellos incluso desde 1996. El día 27 de noviembre de 2017 se les dio aviso del término de sus servicios a partir del día 27 de diciembre de 2017, argumentándose como causal de término los cambios en las condiciones del mercado para la empresa empleadora.
La empresa informó que desde el año 1996 la principal fuente de sus ingresos fue la concesión del servicio de lavandería que mantenía vigente con la Escuela Militar.
Desalojados y humillados
Sostienen los demandantes que “a partir del día 16 de noviembre de 2017, los trabajadores no se encontraban prestando servicios y a contar del día 5 de diciembre de 2017 fueron desalojados de las dependencias de la Escuela Militar, en forma humillante, escoltados por guardias, siendo obligados por su empleador a partir de esa fecha a tomar vacaciones legales, por ende, el pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo resulta del todo procedente”.
En su respuesta, la empresa contra argumentó que los trabajadores prestaron servicios hasta el 27 de diciembre de 2017 realizando distintas funciones de lavandería hasta el 4 de diciembre de 2017 y posteriormente sólo labores correspondientes al cierre de la empresa, como embalaje, orden y limpieza, por lo que la indemnización sustitutiva de aviso previo reclamada sería improcedente.
Por su parte, el Fisco de Chile, en representación de la Escuela Militar, argumentó que no existe relación contractual entre ésta y la empresa de lavandería, a quien califica como un proveedor, quien prestó servicios de lavandería y ropería sólo hasta el día 16 de septiembre de 2017. Es decir, al momento en que se hizo efectiva la desvinculación de los trabajadores demandantes no existía vínculo contractual alguno entre su representada y su empleador directo.
Una de las pruebas presentadas durante el juicio acredita que en noviembre de 2017, German Villarroel Opazo, director de la Escuela Militar, le comunicó a Germán Korff Pfeiffer que el contrato que mantenían vigente expiró con fecha 15 de septiembre de 2017, por lo que deberían desocupar las instalaciones de la lavandería el 16 de noviembre de 2017, plazo que fue prorrogado tras el pago de una garantía de $15 millones.
Finalmente, el 5 de diciembre de 2017, Villarroel remitió comunicación a Korff informándole la restricción de acceso a las instalaciones al personal, “atendida la tardanza en el retiro de sus equipos, la no entrega de documentación referida a sus trabajadores y el uso de dichas instalaciones fiscales para establecer relaciones contractuales con terceros; hecho que se tiene por establecido con el mérito de la comunicación antes aludida, debidamente incorporada por la parte demandante, no objetada de contrario“, según se lee en el fallo del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Tras acoger la demanda y acreditar el despido injustificado, la empresa y solidariamente la Escuela Militar deberán pagar en total cerca de $100 millones, distribuidos en diferentes montos para cada uno de los trabajadores demandantes por conceptos de indemnización sustitutiva de aviso previo, de indemnización por años de servicios y feriados progresivos adeudados.
