El punto ciego de la transparencia
Hace algunos días, la Presidenta Bachelet anunció un paquete de medidas pro transparencia para la regulación de la vida pública-privada que son altamente valorables. Y qué mejor cuando estas medidas son el resultado de un proceso deliberativo, pocas veces antes visto, con 49 organizaciones de la sociedad civil aportando con sus ideas y expertise, reforzando la creencia de que sí puede existir un círculo virtuoso de colaboración entre Estado y ciudadanos. Así todo, creemos que existe un punto ciego al que no llegaron todas las luces de este anuncio.
Por Paulina IbarraPaulina Ibarra es Presidenta Ejecutiva y cofundadora de Fundación Multitudes. Master of Arts en Comunicaciones de Georgetown University. Experta en participación ciudadana, gobierno abierto y transparencia. Fue asesora de Comunicación y Gobierno Abierto de la administración del Presidente Barack Obama y Oficial de Comunicaciones del Banco Mundial. Asimismo, fue consultora en Comunicación para el Desarrollo y Gobierno Abierto en múltiples organizaciones multilaterales.
Celebramos la eliminación de los aportes reservados, anónimos y de empresas, a campañas políticas; la regulación de la puerta giratoria y el registro público obligatorio de lobistas. Igualmente recibimos con satisfacción el término de la reelección indefinida de cargos públicos, la creación de una Defensoría Ciudadana (Ombudsman), la revisión de los mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal y el anuncio de un proceso participativo para la redacción de una nueva Constitución para nuestro país.
Así todo, creemos que existe un punto ciego al que no llegaron todas las luces de este anuncio. Se elevaron las exigencias y la fiscalización en el uso de recursos públicos en el Ejecutivo y en municipios, pero se dejó fuera la necesidad de transparentar al sector privado que administra nuestros recursos y bienes y el acceso a nuestros derechos universales, como la salud, la seguridad social o la educación. Una ampliación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a estas empresas hubiera sido una gran apuesta del Gobierno para evitar la corrupción desde su raíz.
Esta reforma propuesta por Fundación Multitudes y otras organizaciones de la sociedad civil al Consejo Asesor Anticorrupción, se hizo con la convicción de que es un ingrediente infaltable en el menú de cualquier agenda de probidad que se precie de cinco estrellas. Tras la situación vivida estos meses, en que la corrupción se ha visto en el vínculo de lo público y lo privado, creemos que esta es una medida vital para avanzar en una transparencia efectiva y en la recuperación de confianzas que tanto necesitamos hoy los chilenos.
La Ley de Transparencia está allí para ser mejorada, sólo falta la voluntad de hacerlo. Desde su promulgación ha sido una herramienta valiosa para la fiscalización ciudadana sobre el uso y manejo de sus recursos y no aprovecharla para lograr una transparencia más profunda y amplia en el sector privado sería inconcebible.
Los anuncios realizados por la Presidenta Bachelet serán positivos para hacer de la política una práctica más limpia y abierta y para promover una mayor fiscalización desde la ciudadanía a través de mecanismos significantes de participación ciudadana. No obstante, queda mucho por hacer y los esfuerzos que se llevarán a cabo deberán ser adoptados por la sociedad en su conjunto, Estado, sector privado y ciudadanía, y ser utilizados como un piso de trabajo para aspirar a una transparencia más participativa.
