Decanos: no teman a una nueva Constitución

Por Roberto Pizarro, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. de Chile y Javiera Reyes, vicepresidenta de la FECh.

Los decanos de la Universidad del Vaticano, de las privadas que emergieron gracias al lucro y de la Universidad de Chile tienen un mismo pensamiento sobre el tema constitucional. No observan diferencias. Estiman peligroso discutir una nueva Constitución porque, según ellos, genera incertidumbre en los inversionistas; destacan que el crecimiento vigoroso que ha experimentado la economía no justifica el cambio constitucional y, agregan, que la actual Constitución le ha dado sustentabilidad al exitoso modelo de economía de mercado. En suma, estos decanos están felices con el orden existente. Prefieren que las cosas permanezcan como están.

Curiosamente estos decanos eluden la incertidumbre que significa para el bolsillo de los consumidores los altos precios de la colusión; tampoco se refieren a la incertidumbre de las pymes por el difícil acceso al crédito; o al drama de los estudiantes para pagar sus créditos. Tampoco hablan de la incertidumbre de los trabajadores por su debilidad organizacional y la inestabilidad en el trabajo. Menos se preocupan del riesgo para las generaciones venideras y el medio ambiente que significa una economía exportadora de recursos naturales.

Pareciera que a nuestros decanos sólo les interesa que los grandes empresarios se encuentren cómodos, con bajos impuestos, sin trabajadores organizados y con una Constitución que los proteja ilimitadamente. Tampoco les parece relevante la incertidumbre para la economía que significa la multiplicación de empresarios corruptos que además utilizan políticos para redactar leyes en su favor, amplificar sus negocios y extender los abusos.

Pero, como se avanza indefectiblemente en la discusión constitucional, los economistas decanos han debido pronunciarse sobre los contenidos de la nueva Constitución en lo económico. Y hablan al unísono, sin matices. Su interés primordial es proteger los fundamentos del modelo neoliberal: la subsidiaridad del Estado, el derecho irrestricto a la propiedad privada, la focalización social y, por cierto, la autonomía del Banco Central.

Destaca especialmente el conservadurismo de Manuel Agosín, decano de la U. de Chile. Le preguntan los periodistas si existe algún tema económico perfectible en la Constitución, y responde categóricamente: ninguno. Y agrega, sin dudarlo, “el derecho a la propiedad no debe acotarse por ningún motivo” y luego otra perlita, “tampoco se debiera abundar en derechos sociales exigibles por los ciudadanos…..porque se presta para demandas sempiternas y para mayores impuestos”.

Al final de cuentas, el decano de la universidad pública, no obstante declararse socialista, aunque en receso, se muestra como el defensor más acérrimo de los contenidos de la Constitución de Pinochet-Guzmán. Precisamente la que ha servido para el enriquecimiento de una pocas familias y para asegurar la segregación social y política.

La Constitución de 1980 es ilegítima en su origen ya que se impuso, en condiciones fraudulentas, en dictadura. Las reformas que introdujo el Presidente Lagos conservan la misma ilegitimidad ya que no fueron plebiscitadas. Como señala Atria, existe además en la carta fundamental una trampa de contenido ya que las restricciones constitucionales impiden cambiar el modelo que instaló la dictadura mediante el accionar político.

La Constitución de 1980 gusta a los economistas neoliberales, a los de antes y a los transformistas, porque asegura explícitamente el orden económico y social de libre mercado, a diferencia de otras Cartas en el derecho comparado. No les importa su origen ilegítimo. Carl Bauer sostiene que Chile es un ejemplo pionero no sólo de la perspectiva neoliberal en el diseño institucional, sino del enfoque de la “Escuela de Chicago” del derecho y las instituciones.

En consecuencia, la Constitución chilena ha dejado al mercado la consecución de los fines económicos y sociales de nuestra sociedad. El Estado, en cambio desempeña un estricto papel subsidiario, dejando en segundo plano los derechos generales de los ciudadanos y la definición de estrategias. Ello conduce a dos problemas principales.

En primer lugar, la concentración económica y la colusión, que han sido manifiestas en años recientes, le exigen al Estado respuestas urgentes para terminar con los abusos. Sin embargo, su carácter subsidiario y los disminuidos instrumentos jurídicos que posee limitan su accionar. Chile necesita mercados transparentes y eficientes que asignen adecuadamente los bienes en la economía, y para ello se requiere un Estado activo, con instituciones administrativas y judiciales poderosas para terminar con los abusadores.

Segundo, ya nadie duda, excepto los rentistas y sus protectores, que el desarrollo económico exige modificar la matriz productiva-exportadora y ello obliga a contar con un Estado activo, promotor y de fomento. Esto significa terminar con la neutralidad de la política económica. En realidad, se trata de hacer política económica para encarecer la producción de recursos naturales y fomentar el valor agregado para los productores de bienes y servicios, así como favorecer el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento. Dar respuesta a esos dos desafíos obliga a terminar con la neutralidad y por tanto cambiar la Constitución.

Anhelamos una Constitución que sea reconocida por todos como propia, que garantice el derecho a la educación y a la capacitación de los trabajadores y que termine con los abusos contra los consumidores. Para ello la Constitución debe asegurar a la ciudadanía el ejercicio de su poderes por sobre los tecnócratas y economicistas y eliminar los enclaves que impiden sus derechos plenos.

No hay que tener miedo a una nueva Constitución. El término del Estado subsidiario y la eliminación de los enclaves autoritarios, aún existentes, es lo que necesita Chile para pasar a una fase superior de desarrollo económico y político. La más reciente prueba de ello es la decisión del Tribunal Constitucional contra la política de gratuidad en favor de las universidades públicas. En este caso un grupo de siete personas, sin ninguna representación, amenazan la posibilidad de que los primeros 200.000 estudiantes vayan gratis a la Universidad. Es una vulneración a los derechos ciudadanos, que una nueva Constitución debe evitar.