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13 de Diciembre de 2016

En primera persona: Radiografía de un Asperger al sistema educativo chileno

En el marco de la discusión de la Reforma Educacional, se hace necesario contar con una legislación específica para estudiantes con Trastornos del Espectro Autista o Asperger, y que establezca garantías de acceso, permanencia, igualdad, calidad y financiamiento en todos los niveles educativos.

Por Rodrigo Ortiz Gutiérrez
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Rodrigo Ortiz Gutiérrez es Estudiante de Tecnología en Administración de Personal, USACH, y representante estudiantil del Directorio de Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad PAIEP-USACHÈô

Se dice que en Chile hay inclusión educativa para estudiantes discapacitados, en especial para los que somos Asperger. ¡Mentira! Lo poco que hemos avanzado, por ejemplo, con la creación del Manual de Apoyo a Docentes para Educación de Estudiantes que presentan Trastornos del Espectro Autista, es el resultado del clamor de nuestras familias y de nosotros mismos, no por la voluntad política.

El Síndrome de Asperger es uno de los cuatro tipos de trastornos del espectro autista. Es cómo ir a otro país y que no entiendas su idioma, de tal forma que entras en un estrés permanente, y eso es una discapacidad no visible. Pero ojo, el síndrome no se pone ni se saca, es una condición vitalicia. Lo digo porque, hace años, una profesora tuvo la genial idea de decirle a mi madre que “me ponía el síndrome cuando me convenía”.

Ahora bien, les voy a contar cómo en Chile se ha abordado la inclusión educativa para quienes somos Asperger.

Partamos por la educación preescolar y escolar, aquí hay falta de colegios, de recursos para capacitación e implementación de los programas PIE. Hay establecimientos que nos cierran la puerta en las narices o que nos reciben de mala forma y nos transforman en candidatos seguros al bullying, tanto de nuestros pares y hasta de los profesores. Incluso nos invitan a no dar el Simce. A eso sumemos la falta de profesionales especialistas, los montos miserables de subvención que se pagan para comprar materiales educativos o para pagar salarios de educadores diferenciales, psicólogos y fonoaudiólogos, que son los profesionales que comúnmente trabajan en los PIE de cada establecimiento educacional, y así sucesivamente. ¿Creen que con la subvención de $115 mil mensuales que paga el Estado por estudiante se puede hacer algo?

Lo más insólito es que el Estado chileno discrimina, porque limita el ingreso de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales Permanentes a la sala de clases. Eso de que no puede haber más de dos estudiantes por curso según el artículo 94 del decreto 170, del año 2009, es, a mi juicio, contradictorio con la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, que señala que el sistema propenderá a “eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes”.

Además, si revisamos el decreto 83, del año 2015, parece que se olvidaron de un grupo de estudiantes, porque se establecen criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales sólo de enseñanza básica y prebásica, ¿Y la enseñanza media?, ¿y la educación superior? Es como si no fuéramos capaces de llegar a estudiar a ese nivel.

De hecho, solo unas pocas instituciones de educación superior ofrecen acompañamiento tutorial y psicosocial, acciones que contribuyen a una real inclusión. Sólo conozco una institución que trabaja el tema, la Usach, que es donde estudio Tecnología en Administración de Personal, lo que ha sido un salto en mi vida y una grata experiencia de inclusión, la que se complementa con el apoyo que me da el Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia (PAIEP), apoyándome con tutorías y acompañamiento psicosocial, además de brindarme la oportunidad de integrar el Directorio de Inclusión de estudiantes en Situación de Discapacidad del PAIEP. Estas acciones son fruto de la vocación pública que tiene la universidad. ¿Y las otras instituciones?

En el marco de la discusión de la Reforma Educacional, se hace necesario contar con una legislación específica para estudiantes con Trastornos del Espectro Autista o Asperger, y que establezca garantías de acceso, permanencia, igualdad, calidad y financiamiento en todos los niveles educativos.

Pero también hago un llamado a la clase política, esa misma que piensa compulsivamente en las elecciones 2017, a que empiece desde ya a pensar en elaborar políticas públicas sobre esta materia; pues ya no basta con firmar convenciones ni crear manuales, llegó la hora de que nos tomen en cuenta.

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