Soluciones privadas con sentido público

10 días duró el corte de agua en Osorno, el que afectó a cerca de 50 mil hogares. Un caso más que lamentable y que trae graves consecuencias para la comunidad cuando, por ejemplo, gremios de la ciudad alegan pérdidas que llegan en algunos casos al 50% de las ganancias mensuales.

Diferentes son las postales que deja este episodio. Essal sale debilitado, con una pérdida profunda de credibilidad y sanciones por delante mientras diferentes actores piden que pierda la concesión. Colún sale fortalecido, mostrándose comprometido, exponiendo una rápida reacción frente a un momento de necesidad de la comunidad que la rodea y encarnando la diferencia entre la capacidad estatal y privada para responder frente a la contingencia. Más relevante aun, es el impacto que tuvo la suspensión del suministro en la población de Osorno: pérdida de clases en establecimientos educacionales, servicios asistenciales con atención intermitente, incomodidad para la población y grandes pérdidas económicas.

La ola de críticas que suscitó este fallo mayúsculo no solo proviene de los usuarios afectados, si no que también desde el mundo político. El gobierno salió enérgicamente a ejercer presión a la empresa para que repusiera el servicio, tanto así, que el Presidente Sebastián Piñera visitó en plena crisis la planta Caipulli, lo que significó la presencia de autoridades locales y la visita del Presidente del directorio de Essal y Aguas Andinas.

Desde la otra vereda política, este caso ha servido de excusa para que algunos actores del debate público salieran a criticar al sistema de concesiones apuntando a la propiedad de la entidad que gestiona como la razón de todo mal. Essal tuvo una gestión deficiente y deben aplicarse todas las sanciones y compensaciones que correspondan, pero resulta tendencioso estirar el argumento para apelar a la estatización de servicios concesionados.

No son del todo honestos aquellos que plantean la estatización porque, aprovechando la contingencia, ignoran antojadizamente toda la evidencia y los beneficios de la integración de lo público con lo privado. El gobierno anunció la construcción de 25 hospitales por una inversión de USD 4.750 millones. De esos 25 hospitales, 18 serán construidos por Asociación Público Privada (APP), con un costo de USD 2.750 millones, mientras que los USD 2.000 millones restantes se invertirán en los 7 proyectos financiados directamente por el Ministerio de Salud. Es evidente la relación entre precio y cantidad.

En otros ejemplos de cómo las concesiones aportan al país, en cuanto a obras públicas, al primer trimestre del 2019 existían 2 proyectos en licitación o proceso de adjudicación: el Camino de La Fruta y la segunda concesión de la Ruta 5 entre Los Vilos y La Serena. Estos proyectos suman más de 25 millones de UF de inversión. Además de lo anterior, en el período 2019-2023 hay en carpeta de licitación un total de 44 proyectos, de los que al menos 35 están destinados a regiones, y que significan inversiones por más de 295 millones de UF. ¿Cuánto tardaría el Estado reunir esta cantidad de recursos? probablemente más de 5 años o posiblemente, nunca logre asignarlos.

En cuanto a la calidad de la gestión, más allá del rubro, y teniendo como ejemplo a TVN en 2017 con pérdidas por casi 9.000 millones de pesos y en 2018 por 10.000 millones más, y en cuanto a servicio, destacando un COMPIN deficiente y que históricamente ha sido un tormento burocrático para los usuarios, ¿realmente queremos repetir esta realidad en servicios básicos como la potabilización del agua o la distribución de la electricidad?. Hoy los servicios sanitarios de aguas en zonas urbanas alcanzan en Chile un 95% de cobertura en alcantarillados y un 100% de agua potable. La primera barrera, la cobertura, está superada y se logró con el apoyo del capital privado.

Como en todo contexto, no hay que creer que las concesiones son perfectas pues hemos sido testigos de errores en su adjudicación y fallas de gestión, como el ex Transantiago o Essal mismo, pero en la generalidad el actuar de los privados trae consigo una serie de incentivos que obliga e impulsa resultados que, para el usuario final, son más favorables. El externalizar proyectos por parte del Estado permite entablar una relación jerárquica que no se daría en el caso de ejecución directa, pues no podemos revocar una inexistente concesión de TVN, y que genera un incentivo adicional para hacer de los servicios más baratos y mejores. Se ha usado también el argumento del cobro, ya que una concesión implica que la empresa pueda cobrar directamente al usuario, pero no olvidemos que la alternativa; de existir; es la ejecución por parte de una entidad estatal que implica el uso del erario fiscal, construido con impuestos que pagamos hoy o deuda que pagaremos mañana, y un mayor gasto asociado por administración y burocracia. Es decir, el usuario final también pagaría, de manera menos directa y a un costo mayor, en este otro caso.

Más allá de las razones de gestión por sí solas, las problemáticas o necesidades que han de ser resueltas a través de servicios implican tomar decisiones y, muchas veces, concesionar no es solo la mejor opción práctica, si no que la opción moral correcta. Es también un acto de humildad y responsabilidad institucional, por parte del ente público, el reconocer que no se cuenta con la capacidad técnica, de disponibilidad de recurso humano o que existen otras prioridades en carpeta.

Cuando las opciones entre los tomadores de decisiones son demorar la construcción de obras públicas, no realizar proyectos de urbanización en cuanto a servicios básicos o dejar de construir hospitales, las concesiones pueden permitir adelantar proyectos que la comunidad necesita o incluso, hacerlos posible. Cuando el foco está en las necesidades de la sociedad más que en la propiedad del prestador, generalmente las concesiones son la herramienta más ética a utilizar, si consigo trae la posibilidad de dar origen o mejorar un servicio para la ciudadanía.