Estallido social y la nueva Constitución

Marcelo Alonso Heredia es Ex Presidente de ChilePan. Candidato a la Convención Constituyente Distrito 12

El estallido social, donde miles de chilenos de bien se manifestaron, justamente, por su descontento frente a múltiples falencias que tiene nuestra sociedad, nos enseñó la cara más triste de nuestra sociedad.

No es posible que en nuestro país una familia de clase media, cuando los sustentadores del hogar pierdan su trabajo, se ponga en juego todo por lo que han luchado en su vida. Por ejemplo, sin una fuente laboral y si tienen un hijo en la universidad, deben renunciar a su derecho a la educación, pese a que el joven haya llegado ahí por su capacidad.

Qué decir de esa MiPyme que quiebra. No sufre sólo lo anterior, sino que también las persiguen las deudas a proveedores y, por supuesto, las bancarias. Reemprender será casi imposible, pues nadie reconocerá su experiencia y esfuerzo.

Todo esto debe cambiar en la nueva Constitución. Por experiencia propia, he tenido éxitos y fracasos en mis emprendimientos. Como dirigente gremial de más de 20 años, he conocido la realidad desde la misma base. He vivido la angustia y desesperación de ser tratados como gran empresa por la ley que nos rige.

A pesar de que existe el estatuto para las Pymes, hoy es totalmente insuficiente. Por ello, en la Carta Magna las pequeñas y medianas empresas deben tener rango constitucional, donde se acaben los abusos para que los chilenos de esfuerzo y trabajo puedan vivir en paz.

Son miles de familias que se ven perjudicadas cuando el emprendimiento de toda una vida se acaba por motivos externos, como los de un estallido social o pandemia. Nuestra sociedad debe contar con las garantías constitucionales para no caer en la insolvencia o ser devastadas por una mala administración del Estado a través de políticos inescrupulosos.

El 18 de octubre de 2019 nos dejó otro estallido; uno delictual, el que presenciamos y vivimos en distintas partes del país, que como sociedad no hemos sido capaces de condenar y aislar. Lamentablemente el Gobierno, los parlamentarios y el poder judicial, mediante una inacción inexcusable, han dejado a Chile a la merced de la violencia.

La irresponsabilidad de las autoridades llega a ser criminal en algunos casos. Por lo anterior, el populismo y los políticos corruptos deben ser condenados con penas de cárcel y altísimas multas para que no se sigan repitiendo estos hechos que solo terminan perjudicando a miles de ciudadanos trabajadores.

Los hechos que han ocurrido luego del estallido social y las lecciones que nos ha dejado la pandemia, deben dejarnos en claro que los políticos están para servir. Hoy es clave que exista más poder y libertad para los ciudadanos, consagrados en una Carta Fundamental, pensando en todos los chilenos que votaron mayoritariamente por esto el pasado 25 de octubre en el Plebiscito.