Seguridad hemisférica: prioridad absoluta

Como le he mencionado en varias columnas, América Latina y el Caribe tienen las tasas regionales de homicidio más altas del mundo, y más de la mitad de estas muertes están relacionadas con el crimen organizado. Mientras el 20% de los ciudadanos de la región califica la inseguridad como su principal preocupación, casi una cuarta parte afirma haber sido víctima de un delito en el último año. Esta realidad se agrava con un panorama generalizado de violencia social que incluye un femicidio cada dos horas en esta región. El costo humano y económico de todo esto es gigantesco y afecta principalmente a los segmentos más desposeídos y marginales de nuestros países.

En contextos de inseguridad no es posible el desarrollo económico y cunde la desconfianza con las
instituciones, cuando no derechamente la desafección con la democracia. En esas circunstancias, las economías se vuelven crecientemente informales, lo que fortalece a las organizaciones criminales, fomenta la corrupción, perjudica a los trabajadores así como a los consumidores, y debilita a los gobiernos que se van quedando sin ingresos tributarios y sin interacción con la población, lo que termina erosionando su efectividad y peor aún, su legitimidad.

Cuando la población se siente insegura, se vuelve más receptiva a respuestas militarizadas y de mano dura que erosionan los principios democráticos. Un caso muy claro es el de El Salvador donde el país llegó a convertirse en una gran cárcel en la cual los ciudadanos eran los internos y las maras o bandas criminales, los carceleros. En la desesperación tras años empeorando, optaron por el primero que les prometió una mano implacable contra las bandas criminales al precio que fuera, porque como dije, su vida era un régimen penitenciario.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la delincuencia cuesta actualmente a los países de América Latina y el Caribe el 3,5% de su PIB. Por supuesto que en contextos de opacidad como es la mayoría de los casos de nuestras sociedades, esto puede ser mucho más en varios de ellos.

Los costos se reflejan principalmente en la merma de ingresos tributarios, pero también en la pérdida de vidas y su impacto en distintas dimensiones, la afectación e incluso destrucción de la propiedad pública y privada, así como la baja en la inversión y el estímulo a la salida de capitales.

La inseguridad y la violencia empujan también a la emigración. Empíricamente se ha podido constatar que los países más afectados por la criminalidad son los que más emigrantes tienen.

Centroamérica ha sido la evidencia más palmaria de esto y ahora lo estamos viendo con países como Ecuador y Haití.

La delincuencia también es una de las principales preocupaciones en Estados Unidos, con una proporción cada vez mayor de ciudadanos estadounidenses – casi el 60% – que la citan como una de las principales prioridades para la administración entrante de Donald Trump.

De hecho, el propio Trump ganó prometiendo más seguridad. Esa seguridad pretende conseguirla frenando y revirtiendo la inmigración, pero también impulsando una lucha frontal contra las bandas criminales en el país, así como en el hemisferio. Aunque esto no es una novedad porque las últimas administraciones estadounidenses han dado un lugar central a este problema, se espera que Trump vaya mucho más allá y combine diversas estrategias y herramientas para abordar y enfrentar el problema.

Todo indica que las primeras señales se darán en el ámbito interno norteamericano con un endurecimiento del régimen migratorio y probablemente algunas acciones simbólicas como redadas masivas contra los irregulares para proceder a su detención y expulsión.

Con respecto a la región, la relación con Estados Unidos se centrará en la dimensión de seguridad,
con bajadas bilaterales conforme a las propias prioridades norteamericanas.

Sin perjuicio de aquello, sería deseable que Estados Unidos promueva una agenda hemisférica en todos los foros para este propósito. En esa línea, la próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en octubre del presente año en la República Dominicana, brinda la oportunidad de crear un marco y una necesaria alianza para enfrentar este gran problema.

El desafío es eso sí es doble e indisociable. Por un lado se requiere reforzar a las instituciones policiales y judiciales, pero también se debe abordar las causas profundas de la delincuencia. Lo primero sin lo segundo no es sostenible. Para lograrlo se requiere no solo la colaboración de todos los sectores al interior de cada país: gobiernos, sociedad civil y sector privado, es también esencial la cooperación internacional entre estados y con organismos multilaterales. De hecho, el tema de la seguridad frente al fenómeno criminal es quizá uno de los pocos que aún convoca masivamente en materia multilateral.

En muchos países la emergencia exige una cooperación y apoyos tácticos y operativos de terceros, y, en nuestra región, Estados Unidos y Europa podrían jugar un papel fundamental en esa línea.

Sin embargo, la aplicación de la ley y la actuación de las fuerzas policiales por sí solas no pueden resolver esta crisis. Se debe abordar las causas que generan, facilitan o perpetúan la delincuencia como la pobreza, la desigualdad, la educación deficiente y la exclusión social. Un enfoque equilibrado que combine la actuación policial con programas sociales, oportunidades económicas e intervenciones basadas en la comunidad puede producir resultados duraderos. El riesgo está en quedarse en la dimensión punitiva e incubar problemas mayores como el escalamiento de la represión incluyendo la erosión democrática, así como permitir la transformación y extensión de la delincuencia al subsistir sus causas. En esa eventualidad, esta resurgirá peor apenas el Estado baje la guardia o se debilite.

El presidente Trump pudiera tener la tentación, acorde con su discurso de campaña, de quedarse solo en la dimensión represiva y centrado en su país pensando en que podría aislarse de la región.

Si esa fuera su estrategia, estará destinada al fracaso.

Para tener éxito se debe impulsar el doble marco de cooperación institucional e inversión social. Y
la primera instancia regional que se viene para ese propósito a poco andar de su mandato es la Cumbre de las Américas, que tendrá por sede a República Dominicana en octubre próximo.

Con una adecuada diplomacia y atendiendo a la urgencia del momento, Estados Unidos podría no
solamente contribuir a sentar las bases de sociedades más seguras e inclusivas en todo el hemisferio, también podría reencauzar una relación regional muy debilitada y alejada en buena parte de este siglo XXI.

Adicionalmente y lo que es más importante, reunir a los países para abordar este desafío compartido en función de un claro mapa de ruta que combine diversos factores como los descritos, puede comenzar a reconstruir el espíritu de cooperación hemisférica que inspiró el proceso de las Cumbres hace tres décadas.

La seguridad de nuestros ciudadanos y la viabilidad de nuestras instituciones democráticas depende de una acción conjunta.

Ninguno de nuestros países, incluso Estados Unidos, podrá enfrentar exitosamente al crimen organizado si no lo hace desde la cooperación amplia. Hacerlo solo podrá incluso llenar cárceles, pero llevando a una derrota de toda una sociedad y con un efecto de contagio hacia el resto.

Estamos ante un problema grave, urgente y común, y está la concreta posibilidad de abordarlo en conjunto con efectos que irán mucho más allá de esa dimensión. ¿Estaremos a la altura en la región incluyendo a los Estados Unidos? ¿O seguiremos cuesta abajo como región en relación al
resto?

Los próximos meses lo dirán.